La Procuraduría investiga a exalcalde de Santa Marta por $460 millones en contratación del PAE

El exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, quien gobernó en la ciudad entre los años 2016 hasta el 2019, está siendo investigado por la Procuraduría general de la nación, por presuntos sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar.

El ente regulador indagará al exmandatario, por el sobrecosto millonario de $460,000.000 millones de pesos en gastos no contemplados en el PAE.

La Procuraduría General de la Nación también profirió pliego de cargos contra Julio César Aguilar Carreño, quien fungió como secretario de Educación distrital para el año 2018.

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Ambos exfuncionarios serán investigados por presuntos sobrecostos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar -PAE-.

Al parecer los exfuncionarios habrían incrementado el presupuesto del contrato en $460,000.000 millones para cubrir gastos de publicidad, visibilidad y socialización, costos que no están contemplados ni permitidos en la regulación legal del PAE, con lo que aparentemente ocasionaron un detrimento patrimonial a la ciudad.

Para el Ministerio Público, la administración municipal al momento de estructurar y suscribir el contrato al parecer no observó los criterios de razonabilidad y objetividad para establecer su valor, situación que “desencadenó que el ente territorial pagara el servicio con fundamento en un valor estimado con la sumatoria de un ítem que no está contemplado en la normatividad PAE y que se reflejó en posibles sobrecostos”, sostuvo el órgano de control. 

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Además, la administración distrital habría autorizado el pago a pesar de no contar con los soportes que justificaran los valores ejecutados por ese ítem, razón por la cual “la destinación de los recursos por este factor no se realizó con ajuste a la regulación establecida, y no estuvo debidamente justificada porque no se nota en ningún momento la planeación suficiente que justifique los dineros asignados para tal fin”, precisó el órgano de control.    

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.