Destituyen a docente por abusar sexualmente de una estudiante en colegio de Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta emitió un fallo de primera instancia sancionó disciplinariamente al docente Emmanuel Bastidas Vanegas con destitución e inhabilidad general por veinte (20) años, tras ser hallado responsable de acceder carnalmente a una estudiante de séptimo grado de la Institución Educativa Distrital Técnica INEM Simón Bolívar.

De acuerdo con la Personera Delegada con funciones de conocimiento y juzgamiento, Bastidas Vanegas se valió de coacción psicológica y su posición jerárquica como docente para someter a la menor, incurriendo en una grave falta disciplinaria que atenta contra la integridad y dignidad de la víctima. La decisión, aunque aún en primera instancia, representa un mensaje categórico sobre la tolerancia cero frente a estos delitos.

El mismo fallo declaró responsables disciplinariamente a tres directivos del plantel: Miguel Polo Albaraccín (rector), Mónica Núñez González (coordinadora) y Martín Díaz Daza (docente con funciones de orientador escolar), quienes recibieron una sanción de suspensión en el ejercicio de sus cargos por seis (6) meses. La razón: haber omitido su deber de informar a las autoridades competentes sobre los hechos, a pesar de haber tenido conocimiento de lo sucedido desde el 29 de abril de 2022.

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La Personería argumenta que los sancionados “inobservaron el cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”, agravando así la situación de vulnerabilidad de la menor al permitir que el caso permaneciera en silencio institucional.

El caso ha generado una ola de indignación entre la ciudadanía en general, al poner en tela de juicio las garantías de protección para estudiantes en entornos escolares. Para muchos, este hecho evidencia no solo una falla individual, sino una cadena de negligencias que reflejan la urgente necesidad de fortalecer los protocolos de prevención, atención y denuncia dentro del sistema educativo.

Como entidad de control y vigilancia del Ministerio Público, la Personería Distrital reafirmó su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier vulneración de derechos fundamentales. “Nuestra misión es garantizar la legalidad, la transparencia y la dignidad humana. Casos como este no pueden pasar desapercibidos ni mucho menos quedar impunes”, señaló la entidad a través de un comunicado.

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El caso aún puede ser apelado, pero la contundencia del fallo inicial ya marca un precedente importante a nivel nacional. De prosperar en segunda instancia, se consolidará como una de las decisiones disciplinarias más ejemplares en materia de protección de menores dentro del ámbito educativo.

Más allá de la sanción, se abre un llamado urgente a repensar las políticas públicas para blindar a los niños y niñas contra cualquier forma de violencia, especialmente cuando esta proviene de quienes deberían velar por su formación y bienestar.