Por presuntas irregularidades relacionadas con la suscripción de convenios, por más de $1.000 millones, estando en vigencia la ley de garantías, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez.
Se trata de los convenios con la Fundación para el Fortalecimiento del Estado y la Comunidad (Fundec), para la implementación de acciones integrales que garanticen el bienestar y la paz de la población en situación de vulnerabilidad, en la Localidad Histórica Dos Rodrigo de Bastidas y la divulgación y promoción de iniciativas de paz en ese Distrito.
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Dice el Ministerio Público que, tras revisar la documentación de estos dos bilaterales, el ente disciplinario advirtió que, aparentemente, estos fueron celebrados de forma directa y en época electoral, más específicamente, cuatro meses antes de las elecciones, las cuales se llevarían a cabo el 27 de octubre de 2019, pese a que esta contratación directa estaba expresamente prohibida en la ley.
Además, ninguno de los convenios estaba amparado en una de las excepciones establecidas en la ley, señaló el Ministerio Público, lo que evidencia que el investigado podría haber dado un manejo inadecuado a los recursos públicos, pues realizó la contratación directa expresamente prohibida.
Esta conducta fue calificada provisionalmente por la Procuraduría Segunda para la Contratación Estatal como grave a título de culpa grave.
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Cabe recordar que, en el año 2023, el exalcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez, quien gobernó en la ciudad entre los años 2016 hasta el 2019, fue investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntos sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En esa ocasión el ente regulador indagó al exmandatario, por el sobrecosto de 460 millones de pesos en gastos no contemplados en el PAE. Por los mismos hechos abrieron pliego de cargos contra Julio César Aguilar Carreño, quien fungió como secretario de Educación distrital para el año 2018.