Procuraduría le pone la lupa a las fallas logísticas de jornada electoral en Cartagena
La Procuraduría General de la Nación, verifica la presunta improvisación que hubo en Cartagena, durante las elecciones desarrolladas el pasado 23 de marzo, y donde en algunos puestos de votación se presentaron demoras a personas de la tercera edad e inconvenientes para el cumplimiento de las funciones de los jurados y la disposición del material electoral.
Es por ello que el Ministerio Público, requirió al registrador especial de Cartagena (Bolívar), Harold Wilson Castro Guardo, un informe acerca de las situaciones relacionadas con la logística para la instalación y el desarrollo de las elecciones que se cumplieron el 13 de marzo de 2022.
“Esta actuación se adelantó con el fin de determinar posibles inconsistencias, ante la presunta improvisación en la dotación del mobiliario de algunos puestos de votación, en donde a primera hora del día, asistieron en su mayoría personas de la tercera edad para ejercer su derecho al voto”, explicó la Procuraduría.
Agregan”, “Además de los inconvenientes generados para el cumplimiento de las funciones de los jurados y la disposición del material electoral”.
En el escrito, la Procuraduría Provincial de Cartagena solicitó dar a conocer la hora de inicio de la jornada electoral en los lugares definidos para sufragar, “en los cuales no había sillas ni mesas para los jurados, indicando entre otros aspectos, los nombres completos, teléfono y correo electrónico del personal dispuesto por la organización electoral en estos puntos”.
El ente de control también solicitó a la Alcaldía de Cartagena, enviar copia de los contratos suscritos para atender los requerimientos logísticos necesarios de cara a las elecciones de congreso y consultas interpartidistas, así como, los nombres y cargos de quienes asumieron la labor de supervisión.
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También recordó que esta actuación busca verificar el cumplimiento de las garantías electorales y, por tanto, no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas.