Desde de abril de 2021, más de 400 familias se han desplazado hasta el parque principal de Montería.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dio a conocer, por medio de un informe, la situación presentada por desplazamiento masivo y confinamiento de comunidades indígenas del Alto Sinú en Montería y Tierralta, Córdoba.
La ONU tuvo conocimiento de necesidades en seguridad alimentaria y nutricional, salud, protección, alojamientos, agua, saneamiento e higiene y educación por lo que una comisión especial se encargará de verificar la situación.
Desde el 19 de abril de 2021, 1.946 personas, es decir 468 familias pertenecientes a cerca de 30 comunidades indígenas que hacen parte de tres cabildos: Karagaby, Kamaenka, Iwagadó, en el Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, y una comunidad campesina de la vereda Naín, del municipio de Tierralta, se encuentran en situación de desplazamiento masivo en el parque principal de Montería.
Adicionalmente, al interior del resguardo, 294 correspondiente a 89 familias ubicadas en las comunidades más alejadas del territorio, fueron desplazadas hacia la comunidad de Zabaletas, a orillas del río Esmeralda, y posteriormente confinadas.
Señalo la entidad internacional que se realizó una misión humanitaria, por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, hacia el resguardo, con el fin de verificar la situación y tomar la declaración por el desplazamiento masivo y confinamiento en la comunidad de Zabaletas.
Estos hechos victimizantes se generaron por las afectaciones en la protección de las comunidades y por las restricciones a la movilidad, dados los continuos combates entre la Fuerza Pública y el Grupo Delictivo Organizado (GDO) que hace presencia en la zona.
En consecuencia, se ha limitado el acceso a bienes y servicios, hay dificultades para el abastecimiento de alimentos, la atención primaria en salud, el acceso a fuentes de agua, entre otros. A lo anterior, se suma la contaminación con minas antipersonales (MAP), lo que impide a la comunidad ejercer sus actividades de caza, pesca y agricultura.
En el informe aseguran que en Montería se confirmó la llegada a finales de mayo de aproximadamente 138 familias, de diferentes cabildos pertenecientes a 32 familias del cabildo Iwagadó, 26 familias del cabidlo Karagaby, 60 familias del cabildo Kamenka y 20 familias de la comunidad campesina de la vereda Naín.
Finalmente, señala que es urgente una intervención integral, por parte del Estado, para atender todas las necesidades humanitarias y de protección para mejorar las situaciones que ponen en riesgo a las comunidades indígenas.
Fuente
Sistema Integrado de Información
