Un sacerdote, un líder social y un activista, fueron amenazados de muerte en Santa Marta por grupos armados
Tres personas recibieron amenazas de muerte en la ciudad de Santa Marta, el primero en elevar la denuncia pública, fue Carlos Betancourt, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Alpes, luego de encontrar un panfleto en la puerta de su casa, donde le advierten que debe abandonar la ciudad o de lo contrario le espera la muerte.
Según información suministrada por el líder social, el panfleto está firmado por el Clan del Golfo y le advierten que por no haber obedecido a la orden de hacerse a un lado desde hace dos meses, deberá asumir las consecuencias.
El líder social Carlos Betancourt, aseguró que había denunciado las amenazas, sin embargo las autoridades a la fecha de hoy, no han entregado resulto de dichas denuncias.
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Entre tanto, un sacerdote de la Sierra Nevada de Santa Marta, denunció amenazas de muerte en su contra, se trata del sacerdote Francisco Ortega, quien afirmó que teme por su vida y la de su familia debido a unas presuntas intimidaciones por parte de un líder de la vereda San Pedro y San Pablo, en la Sierra Nevada.
El cura está solicitando a las autoridades acompañamiento especial y además requirió una rigurosa investigación. El líder religioso responsabilizó a Armando Candanoza, a quien señaló de haber llegado a su domicilio a maltratar a su familia y sacarlos a la fuerza de la zona con improperios.
La tercera persona amenazada, es un activista residente de la ciudad de Santa Marta, quien recibió en la puerta de su casa un ramo de flores con un letrero que decía “descansa en paz”.
Ante dicha situación de temor y zozobra en el departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta, la plataforma de defensores de derechos humanos de la Sierra Nevada, solicitó al congreso de la republica la inclusión de manera prioritaria como ‘zona de paz’ a la eco región de la Sierra Nevada y la serranía del Perijá.
El llamado se lo hicieron a los senadores, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano Correa y a Aida Avella Esquivel y al presidente del senado Roy Barreras.
Según la plataforma de derechos humanos PDHAL, “Hoy las AGC, tiene gente armada (muy bien armada y entrenada) con tropas en Palmor de la Sierra, en la Mesa, el Copey, Dibulla y Fonseca. Sostiene pugnas por las rentas criminales en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera”.
Aseguraron que, “En la zona PDET., Sierra Nevada (Guajira) regresaron los secuestros, las masacres, el daño colectivo a las comunidades indígenas y zonas que están bajo el control de organizaciones como: la Segunda Marquetalia, el ELN”.
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Lerber Dimas, defensor de derechos humanos y experto en conflictos, aseguró que, "ya hay zonas de la Sierra Nevada y en la Serranía del Perijá donde no se puede ingresar libremente, para ingresar necesita pedir un permiso al actor paramilitar que es el que está dominando en dicho sector”.