Un año y aún no se resuelve crimen ambientalistas en Sierra Nevada de Santa Marta

Justicia y verdad es lo que pide Ximena Cáceres, madre de Natalia Jiménez, la antropóloga que apareció asesinada y amordazada en zona rural de Santa Marta junto a su esposo Rodrigo Monsalve el 23 de diciembre de 2019, luego de tres días de desaparecidos.

Según los familiares, a pesar de la entrega de varias personas que se atribuyeron el crimen no se ha dictado ninguna condena, la madre de Natalia afirma que no cree que se haya tratado de un robo, como afirma la Fiscalía General de la Nación y las primeras versiones de la cual se retractó uno de los detenidos lo que retrasó los procesos.

“Se aplazó la audiencia hasta febrero, y ahí se mira si hay el juicio condenatorio, mientras esto no se dé, el crimen sigue impune, ellos son unos presuntos responsables, no estoy satisfecha, no creo el tema del hurto, yo pido Justicia y Verdad” explicó Ximena Cáceres, madre de Natalia Jiménez.

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También certifican los familiares, que luego de un año no han recibido el computador de los jóvenes,  que en un informe quedo consignado que estaba en manos de las autoridades.

“Todo se perdió, a mí me entregaron el carro completamente desvalijado, sin placas, sin nada, una carterita con maquille de Natalia, y el computador un años después nunca me lo entregaron”, complementó Ximena Cáceres.

Se conoció que la audiencia para definir la situación de los detenidos quedó aplazada para el 21 de febrero de 2021, los familiares insisten en que se sepa la verdad, ya que uno de los supuestos implicados del tema, después de la confesión  se retractó.

El 27 de diciembre del año anterior varios medios de comunicación reportaron la entrega a las autoridades de Andrés Felipe García Socarrás, alias ‘Pipe Bareta’; Luis Rodríguez Tovar, alias ‘Luchito’; y Jader Lozano Jaramillo, Alias ‘El negro’, fueron los únicos imputados como presuntos responsables del asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve.

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En ese momento, los tres señalados delincuentes fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías de Santa Marta donde esperan  la audiencia para determinar su situación judicial.