17 Jun 2021
07:20 AM
Procuraduría absolvió al exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez, por presuntas irregularidades
El ex alcalde asegura que denunciará ante la corte interamericana la vulneración de sus derechos humanos
Como no probados y desvirtuados, así catalogo la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa el cargo único por el que se suspendo al exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez quien en 2017 fue suspendido por supuestas participaciones del entonces candidato a la gobernación del Magdalena Carlos Caicedo en actos publica que pudieran favorecer del alguna manera su contienda electoral.
El Procurador delegado, Luis Francisco Casas Farfán, falló a favor de Martínez después de examinar todo el material probatorio que fue presentado en contra el ex burgomaestre samario, según un fallo del ministerio público, Martínez no debió ser suspendido como alcalde de Santa Marta en 2017.
El funcionario manifestó que todos esos argumentos fueron desvirtuados en la investigación teniendo en cuenta que Carlos Eduardo Caicedo asistió a algunos espacios por invitación del Comité Olímpico, el cual extendió la misiva para que acompañara las justas del 11 al 24 de noviembre, esto para cumplir con diferentes actos como inauguración y premiaciones.
Por tal razón el hoy gobernador del Magdalena se le genero una acreditación para que pudiera de esta manera ingresar a los diferentes escenario y eventos deportivos en calidad de personalidad invitada, por el compromiso y colaboración que en su momento presento con la organización y por esto le dieron el estatus de Ad Honorem situación que estuvo desprovista de cualquier circunstancia política.
Ante esto Martínez manifestó que con este fallo, llevara el caso ante la corte interamericana, por considerar que todo el hecho se relaciona con una persecución política que vulnero de manera clara sus derechos, y le quito la posibilidad de estar de manera activa en los juegos bolivarianos.
De igual manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos expreso en sanciones anteriores que la procuraduría no puede vulnerar los derechos de los funcionarios públicos elegidos por votación popular, y que las instituciones no deben de ninguna manera ser usadas como un organismo de poder particular.
Fuente
sistema Integrado de Información
