El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía definió mecanismos para impulsar las investigaciones.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, al término de recorridos por Monterìa y otros municipios anunció que en el departamento de Córdoba han sido vinculadas 51 personas por diferentes conductas asociadas con corrupción.
Explicó que entre los procesados hay 8 alcaldes, 1 fiscal, 28 funcionarios y 2 contratistas, mientras que en el departamento de Sucre se han judicializado 157 personas, entre ellas 30 servidores públicos, 14 contratistas, 4 exalcaldes y 6 alcaldes.
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Estas personas son investigadas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la apropiación de dineros públicos en beneficio personal o de terceros y el ofrecimiento o pago de dádivas para que servidores se aparten de sus funciones o incurran en actos indebidos.
“Esta Fiscalía es una Fiscalía que lucha contra la corrupción con resultados, no con discursos. En ese sentido, hasta el final de este perìodo de cuatro años seguiremos hablando con resultados en las ciudades, en las calles, en las veredas y en todos los territorios del país” expresó el Fiscal General.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, estuvo a Montería verificando los avances de las acciones judiciales puestas en marcha en Córdoba y Sucre para identificar y lograr la judicialización de los responsables de graves casos de corrupción que han afectado el manejo y destinación de los dineros públicos en estos dos departamentos.
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Al mismo tiempo se definieron mecanismos para impulsar las investigaciones relacionadas con irregularidades de contratación o desviación de los recursos en coordinación con la Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera; la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando; y de los directores seccionales de Córdoba y Sucre, Cindy Tatiana Vargas Tapia y Fernando Salgado.
Además, el Fiscal General de la Nación se trasladó a Canalete para poner en funcionamiento un Punto de Atención de la Fiscalía (PAF), el cual dispondrá de toda la oferta de servicios institucionales y garantizará el acceso a la justicia penal a más de 24.000 habitantes de este municipio y otras poblaciones aledañas.
