La solución propuesta a mediano plazo es la ampliación de la estación La Permanente.
La Procuraduría General de la Nación evidenció un alto hacinamiento, problemas de salud y fallas estructurales, en cuatro centros de reclusión de Valledupar el pasado 2 de diciembre.
A pesar de haberse reunido con las autoridades penitenciarias y carcelarias, para verificar el avance del compromiso y superar la grave situación que se presentan en las cárceles, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que aún persiste la crisis.
En la estación de Policía, conocida como La Permanente, se adelantó una descongestión menor, pasando de 568 personas a 522, pero el hacinamiento continúa arriba de 900%.
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Asimismo, el funcionario sostuvo que el Inpec realizó 45 de los 100 traslados a los que se comprometió desde La Permanente y la URI hacia otras reclusiones, sin embargo, es una medida de choque, ya que no soluciona de fondo lo que ocurre.
La solución propuesta a mediano plazo es la ampliación de la estación La Permanente y a futuro, gobernación y alcaldía construirán un nuevo centro de detención transitoria con recursos de ambas entidades.
No obstante, la estrategia de descongestión según el procurador delegado, tendrá que estar acompañada de brigadas a cargo de la Defensoría del Pueblo para revisar los casos de cada detenido.
“El grado de afectación de los Derechos Humanos de estas personas privadas de la libertad es grave, no solo por el hacinamiento y las enfermedades como tuberculosis, gripas y dengue que abundan allí, sino por permanente agresiones denunciadas entre los grupos que se conforman entre los presos. El Inpec se ha comprometido a investigar lo que sucede y si hay armas entre los presos”, señaló Sarmiento Olarte.
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Por su parte, alcaldía y gobernación se comprometieron a reunirse el 16 de enero del próximo año para concretar la habilitación de 160 nuevos cupos en la cárcel la Tramacúa y trasladar allí al mismo número de personas privadas de la libertad.
Finalmente, se citó a una tercera mesa de seguimiento, el próximo 27 de enero, para conocer medidas efectivas y concretas que se materialicen en acciones la protección de los derechos humanos de los reclusos.
