Contaminación en el río Guatapurí de Valledupar.
El tribunal ordenó al municipio y a la CAR que se adelanten los procedimientos y acciones administrativas para la protección del afluente.
La Procuraduría General de la Nación dio a conocer a través de un comunicado que el Tribunal Administrativo del Cesar acogió las pretensiones presentadas por el ente de control en la acción de cumplimiento en contra de la Alcaldía municipal de Valledupar y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar.
En el que pedía el cumplimiento en su obligación de proteger el río Guatapurí frente a la afectación ambiental y contaminación causada por el vertimiento en sus aguas de los desechos líquidos y orgánicos producto de la actividad de crianza y sacrificio de ganado porcino en los predios aledaños a su cauce.
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El tribunal ordenó al municipio de Valledupar y a la CAR que se adelanten los procedimientos y acciones administrativas y de policía para la protección y recuperación del área forestal protectora del afluente.
“Impidiendo, vigilando y prohibiendo los vertimientos de desechos líquidos y orgánicos y todas las afectaciones contaminantes que personas naturales o jurídicas estén realizando en el cuerpo de agua y que generen afectación a la fuente hídrica, desde su nacimiento hasta su desembocadura”, se lee en el comunicado.
Por estos hechos, que vulneran los derechos colectivos, las entidades accionadas deberán allegar al Comité de Verificación, el cronograma de trabajo dispuesto para acatar cada una de las órdenes y el plan de trabajo desde el marco de sus competencias constitucionales y legales.
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Finalmente, cada 3 meses, la Alcaldía de Valledupar y Corpocesar tendrán la obligación de celebrar un comité de trabajo conjunto para evaluar el cumplimiento de cada orden específica, remitiendo las actas de las sesiones a dicho comité, bajo la observancia de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal.
