Funcionarios de la Gobernación, CVS y alcaldía verificaron la zona afectada por el sismo.
En albergues provisionales permanecen 150 familias evacuadas.
El secretario del Interior de la Gobernación de Córdoba, Jairo Baquero, al concluir el Comité de Gestión de Desastre Extraordinario, confirmó que aumentó a 150 las familias evacuadas desde los barrios Once de Enero y Simón Bolívar, quienes permanecen en albergues provisionales, debido a las emergencias causadas por las fallas sísmicas registradas en Puerto Escondido.
La Defensoría del Pueblo hizo el llamado a las entidades correspondientes a que continúen monitoreando y atendiendo la situación en Puerto Escondido para que puedan hacerse efectivas las labores, tanto en mitigación, como en asistencia, a través de la entrega de ayudas humanitarias a las comunidades afectadas y familias evacuadas.
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Por su parte, la alcaldesa de Puerto Escondido, Heidy Torres Becerra, confirmó que este miércoles llegarán a la zona afectada dos geólogos enviados por el Gobierno Nacional para evaluar las causas que han provocado los movimientos en la tierra y las profundas grietas.
Entre las sugerencias acordadas ayer se encuentran no generar pánico y unificar criterios técnicos; activar el Puesto de Mando de Unificado (PMU) con capacidad de comunicar las 24 horas a los pobladores de cualquier hecho y establecer un plan de emergencia.
Además, se solicitó la presencia de la fuerza pública en las zonas afectadas. Así mismo, solicitaron instalar el comité departamental y declarar la emergencia en la zona afectada, pedir a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) la apertura del Runda y las ayudas previas del censo de afectación.
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Además, sugirieron solicitar la presencia de la Cruz Roja y Defensa Civil, con sus equipos y expedientes, mantener un sistema de alerta, ayuda nacional y departamental para asistir humanitariamente a la población afectada.
El secretario del Interior pidió reubicar los animales que están en la zona de riesgo, establecer el monitoreo permanente y mantener un control para garantizar los servicios públicos (agua, luz y gas). Prevenir especulación, acaparamiento de víveres y hechos de orden público.
Además, hacer monitoreo con drones y establecer el nivel de alerta en hospitales del departamento para atender cualquier emergencia al respecto.
