Crisis humanitaria en estación de Policía de Riohacha por hacinamiento que llega al 2.000%

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, llegó a La Guajira para constatar la crítica situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la estación de policía más hacinada del país, como parte de las visitas de verificación a la situación de derechos humanos al interior de los centros de detención transitoria del país.

Indicó que el departamento cuenta con 17 estaciones de policía que registran un hacinamiento promedio del 233%. Sin embargo, en la Estación de Policía La 19 de Riohacha se halla con la situación humanitaria más grave, no solo de La Guajira sino de todo el país, con un hacinamiento que llega al 2.000% en esta estación.

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Desde la Defensoría dispondrán de un equipo especial de Defensores Públicos y solicitan a las autoridades judiciales un plan de descongestión humanitaria para resolver la situación jurídica de los detenidos. Afirmó que Valdría la pena otorgar libertades controladas inmediatas en el marco de lo establecido en la normatividad y garantizar la integridad y el debido proceso.

De la misma forma, les solicitó a las autoridades locales trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales, particularmente el Ministerio de Justicia, para solucionar esta crisis. Urge adelantar una jornada de salud, ante las alertas por un posible brote de tuberculosis entre otras enfermedades, y proveer de baterías sanitarias, dado que los privados de la libertad hacen sus necesidades fisiológicas en bolsas y en botellas.

“Reiteramos que el cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC por la propagación del COVID-19 conllevó a que la problemática histórica del hacinamiento, que durante décadas había soportado el sistema penitenciario y carcelario, se trasladara a las estaciones de Policía y las URI del país”, dijo Carlos Camargo, luego de visitar la Estación de Policía la 19 de Riohacha.

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Los centros de detención transitoria están diseñados, tanto legal como logística y administrativamente, para alojamiento y custodia de las personas privadas de la libertad de manera temporal, con un máximo de reclusión de 36 horas, por orden de la autoridad judicial competente, mientras se define su situación jurídica. Sin embargo, en las estaciones de policía de La Guajira, la Defensoría ha encontrado personas sindicadas que permanece detenidas por más de 2 años.

Finalmente, el Defensor del Pueblo manifestó su preocupación por que las unidades policiales deben ser separadas de la seguridad ciudadana para dedicarse a la custodia de las personas privadas de la libertad, señalando que es una situación que se escapa de sus funciones institucionales y que debe ser solucionada de manera urgente.