Corte Suprema de Justicia referencia
30 Ago 2023
08:41 AM
Corte suprema condenó a exgobernador del Cesar por irregularidades en contratos
El exmandatario tendrá que pagar más de cuatro años de prisión domiciliaria.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Cesar, Rodrigo Canosa Guerrero, segundo gobernador encargado en el año 2007.
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Asimismo, fue condenado a una pena de 4 años y 6 meses, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 66 meses y 21 días.
De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia, cuando Canosa gobernó el departamento entre julio y diciembre de ese año, suscribió dos convenios, uno con la fundación Funarkgo ONG y otro con la Administradora Pública Grupo APC.
“En ese cargo tramitó y celebró los convenios 449 y 500 de 2007, con las fundaciones Funarkgo ONG y la Administradora Pública Grupo APC, respectivamente, violando los principios de transparencia y selección objetiva”, se lee en el comunicado.
El primer convenio tenía como objeto dotar de material biográfico a los centros educativos del Cesar y con el convenio con APC se buscaba equipar a las salas de informática de las sedes de educación básica primaria del sector oficial en el departamento.
Estos dos se realizaron sin que se certificara la experiencia e idoneidad de las entidades contratistas.
La Sala Especial de Primera Instancia encontró que se desconocieron los requisitos legales al escoger el modelo y tipo de contratación.
“Como el objetivo de esos contratos era la compra de bienes que no estaban dirigidos al cumplimiento del objeto social de cada entidad contratista y no podían ser celebrados bajo la modalidad de convenios de asociación -establecida en el artículo 355 de la Constitución y el decreto 777 de 1992-, los cuales facultan a los entes territoriales a celebrar contratos con fundaciones, ONG y entidades privadas sin ánimo de lucro”.
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La Sala Especial de Primera instancia encontró que, mediante la contratación irregular, se aludieron las modalidades contractuales que exigía la ley, y como consecuencia de ello, se violaron los principios de legalidad, selección objetiva, transparencia y responsabilidad de la contratación administrativa.
