Edificio Aquarela
La Oficina Asesora Jurídica del Distrito explicó en detalle las herramientas que avalan la demolición del polémico edificio.
Desde antes de la posesión de Dumek Turbay, el pasado 1 de enero, una de sus primeras metas fue la de demoler el edificio Aquarela. Una sola torre que se levantó a 200 metros del Castillo San Felipe y que, según el fallo emitido por el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena el 31 de marzo de 2023, amenaza el patrimonio cultural de la ciudad. Por lo cual ordenó la demolición total del edificio.
Días atras, la viceministra de los Patrimonios y la Memoria Cultural del Ministerio de las Culturas, Adriana Molano, anunció que la demolición, piso a piso, de Aquarela comenzará el próximo 20 de febrero. El costo de la intervención, que durará aproximadamente 90 días, será de $11 mil millones que costeará la Alcaldía de Cartagena.
Una implosión, que costaba $6 mil millones, pone en riesgo no solo el patrimonio de la ciudad ante la cercanía con el Castillo San Felipe de Barajas, sino también la integridad y la seguridad de los vecinos del sector. Por ende, se adoptó la demolición de piso a piso.
Sin embargo, tras el anuncio, la Promotora Calle 47 S.A.S, constructora de Aquarela, criticó el pronunciamiento del Gobierno de Gustavo Petro y de la posición del Distrito al indicar que “no existía sentencia judicial o decisión administrativa que obligue la demolición”.
Es por eso que, Milton Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, explicó los argumentos jurídicos. “Tenemos los argumentos jurídicos suficientes para demoler, pues no se necesita una figura excepcional para hacerlo, ya que lo que se hará es cumplir lo ordenado por el Inspector de Policía No 2 de la Casa de justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018, la cual se encuentra ejecutoriada, en firme y con efectos ejecutivos y ejecutorios propios del acto administrativo”, expuso Pereira.
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Y precisó: “Al cumplir con esta orden, el Distrito supera el hecho que dio lugar a una acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura, en donde ordena demoler, y si en el transcurso de la acción popular se realizan las obras o se materializan actuaciones que fueron solicitadas para cesar la vulneración de los derechos colectivos, se debe declarar la carencia actual del objeto o hecho superado, haciendo innecesaria la adopción de medidas para conjurar un hecho inexistente”.
La demolición, recomendable
Milton Pereira sostuvo que Promotora Calle 47 S.A.S se escuda en la imposibilidad de demoler el edificio, debido a que la sentencia judicial emitida en la acción popular no está en firme, pero eso es un error, pues el Distrito va a dar cumplimiento a una medida correctiva de policía que ordenó restituir el espacio público y con ello superar la vulneración denunciada por el Mincultura, medida que está en firme y es de obligatorio cumplimiento.
“No se puede retardar más la demolición, y menos utilizando como excusa una acción popular en la que Promotora Calle 47 S.A.S, al igual que el Distrito, son demandados, y es a esta constructora la que le conviene retardar el cumplimiento de la orden. La constructora ha hecho caso omiso de la orden de la Inspección, cuando es un acto administrativo, que se presume legal, y que ellos han intentado suspender vía judicial; no obstante, tanto la solicitud, como el recurso que interpusieron les fueron negados”, explicó el abogado Pereira.
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Ahora, “a costas de la posición renuente de la constructora”, el Distrito ejecutará la demolición manual, tal como lo confirmó el informe del interventor del contrato de consultoría.
En suma, Milton Pereira “aclara a la ciudadanía” que el Distrito demolerá Aquarela, además de cumplir con la orden policiva de 2018, como una acción que evite una condena, en segunda instancia, del proceso que inició el Ministerio de Cultura y que falló la jueza Sandra Zúñiga, en primera instancia, en marzo del año pasado.
