Caso Aquarela: Multan al promotor y a la constructora del polémico edificio
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Promotora Calle 47 S.A.S., constructora del proyecto Aquarela, y a los promotores de este mismo proyecto, Plano Constructivo S.A.S., a una multa millonaria que superan los miles de millones de pesos.
Para la SuperIndustria, la multa corresponde a $1.508.000.000, es decir, 1.300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por otro lado, la multa para la promotora fue $696.000.000, lo que equivale a 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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De acuerdo con la entidad, esta decisión se adoptó, debido a que, tanto la constructora, como la promotora “incurrieron en la vulneración del derecho que les asiste a los consumidores a recibir productos de calidad, seguridad e idoneidad, pues se demostró que la Torre 1 del proyecto Aquarela no cumple con los requisitos establecidos en la norma de sismo resistencia diez, respecto de los valores de índices de flexibilidad y sobreesfuerzo, resistencia, espectro sísmico (fuerzas sísmicas) de diseño, cimentación, muros estructurales, y resistencia al fuego”.
La superIndustria también informó que “el proyecto inmobiliario en cuestión no es idóneo, pues no podría satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado, ni de quienes adquirieron las unidades inmobiliarias”.
Cabe resaltar que, recientemente la Contraloría General de la Nación, profirió pliego de cargo al exdirector técnico de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar Wilson-Withe, por la presunta omisión en sus funciones.
Al aparecer, Escobar Wilson-Withe no habría promovido y adoptado oportunamente las medidas necesarias para evitar que el desarrollo de las obras continuará amenazando y afectando la integridad paisajística del Castillo de San Felipe de Barajas.
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Es de precisar que por este mismo caso, la Procuraduría General archivó y terminó a favor del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y otros exfuncionarios del Distrito, la investigación disciplinaria que se venía adelantando a través de la procuradora delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez Beltrán.