A pesar de los esfuerzos de la gobernación del Cesar por saldar cuentas pendientes con el personal médico del Hospital Rosario Pumarejo de López, un grupo de médicos, enfermeras y administrativos siguen reclamando hasta 10 meses de salario que les adeuda el centro médico.
Los profesionales de la salud anunciaron que si no hay respuesta se verán obligados a suspender sus servicios, lo que perjudicaría parcialmente la atención médica en plena etapa de mitigación de la Covid 19.
“Esperamos una respuesta, nosotros tenemos necesidades, y nos están adeudando cuentas desde el 2016, esto no es una amenaza, solo estamos exigiendo que se nos pague por nuestros servicios” Aseguró un médico del Hospital Rosario de López.
Lea también: Frente a la poca capacidad de las funerarias, alcaldía dispondrá de una morgue en Cartagena
El hospital de mayor nivel de la Capital del Cesar, cambió su gerencia hace dos meses y desde entonces resurgieron las peticiones de los trabajadores, para saldar la deuda pendiente. Cabe destacar que en la actual administración del centro médico se ha hecho un esfuerzo por pagar puntual al personal de la salud.
“Creemos que están presionando, se ha venido cumpliendo con los pagos. A mi llegada, ya existían malos manejos, esta es una nueva gerencia y deseo hacer las cosas bien, pero me parece injusto que estén amenazando constantemente con irse a paro” Aseguró Jackeline Henríquez, Gerente del Hospital Rosario de López.
Le puede interesar: A muchos los sorprendieron en pleno centro histórico de Cartagena violando las medidas sanitarias
Es tal la crisis por la que atraviesa el Hospital, que la facturación no alcanza los 2 mil millones y se está gastando alrededor de 5.000 millones. De esta situación ya están enteradas las autoridades del orden nacional, quienes en las últimas horas se comprometieron a gestionar recursos para mitigar los pasivos en plena crisis por coronavirus.
En el transcurso del día se entregaran detalles de la reunión que a esta hora adelantan las directivas del hospital, con los médicos y personal administrativo que exige el pago de salarios atrasados, para continuar con la prestación del servicio.