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28 Jul 2024 06:00 PM

Procuraduría formuló pliego de cargos contra exsecretario de Santa Marta por sobre costos en el PAE

Geraldine
Rozo Amórtegui
Según el órgano de control el funcionario deberá responder por sobrecostos de $426 millones pagados por alimentos del PAE.

La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Antonio José Peralta Silvera, quien se desempeñó como secretario de Educación de Santa Marta entre 2020 y 2023, por su presunta responsabilidad en los sobrecostos de $426 millones pagados por alimentos destinados al Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante la pandemia de COVID-19, específicamente entre junio y agosto de 2020.

A su vez, según la investigación adelantada por el Ministerio Público, se detectó que los precios unitarios concertados y pagados al contratista Unión Temporal Nutrimos 2020, mediante el acta de concertación No. 02, excedieron los valores reales del mercado. Los alimentos involucrados en esta irregularidad incluyen productos básicos como arroz, huevos, leche en polvo y panela.

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Durante el mencionado trimestre, se entregaron 92.176 raciones alimenticias a los estudiantes beneficiarios del PAE en Santa Marta. El costo total de estas raciones ascendió a $2.250.891.832, cuando en realidad debieron haberse pagado $1.824.238.625, evidenciando un sobrecosto significativo.

El cargo formulado contra Antonio José Peralta Silvera, quien también actuaba como supervisor del contrato, se basa en su autorización para el incremento de los precios, lo cual perjudicó el patrimonio público.

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A su vez, el contrato en cuestión fue adjudicado a la Unión Temporal Nutrimos 2020, entidad encargada de suministrar los alimentos para el PAE en Santa Marta. La investigación reveló que, a pesar de las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia, los precios concertados para los productos fueron significativamente más altos que los del mercado.

Finalmente, la Procuraduría General subrayó que la función de supervisión del contrato recaía en Peralta Silvera, quien, al aprobar estos costos inflados, permitió un detrimento del erario público. Este acto de autorización, según la investigación, careció de justificación técnica y financiera adecuada, exacerbando la gravedad del caso.