Condenan a exsecretario y exfuncionarios del Magdalena por desfalco a la educación

Tras un proceso de casi 12 años, la justicia profirió sentencia condenatoria a dos exfuncionarios y un contratista de la Secretaría de Educación del Magdalena por apropiarse de recursos destinados a garantizar la educación en comunidades rurales. El juez de la causa determinó que los implicados desviaron 5.000 millones de pesos, dejando a miles de niños sin clases y sin las condiciones mínimas para su aprendizaje.

Producto de una minuciosa investigación, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que el exsecretario de Educación del Magdalena, Antonio José Matera Ramos, la exfuncionaria Dubys Teresa Zagarra Palacios y el contratista John Mairon Macías Sierra participaron en un esquema fraudulento en torno al contrato 545 de 2013. Este acuerdo, valorado en más de 18.500 millones de pesos, tenía como objetivo llevar educación a 15.524 niños en comunidades apartadas, pero solo 5.191 recibieron el servicio.

Las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato incluyen el incumplimiento en la dotación de aulas, la falta de materiales educativos y la ausencia de pagos a docentes. Además, se descubrió que Macías Sierra presentó facturas falsas y utilizó una empresa que, lejos de estar vinculada al sector educativo, se dedicaba a la comercialización de repuestos automotrices, según informó el ente acusador.

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Otro aspecto preocupante del caso fue el papel de la interventoría del contrato, a cargo de una universidad pública, que certificó una ejecución adecuada pese a las graves deficiencias. Asimismo, Zagarra Palacios, como supervisora del proyecto, y Matera Ramos, como exsecretario de Educación, avalaron los desembolsos sin cuestionar la falta de cumplimiento.

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Este fallo en primera instancia, al cual proceden recursos de apelación disponibles para la defensa, establece la reclusión de los condenados en un centro penitenciario. La decisión judicial fue recibida en el Magdalena como un ejemplar paso en la aplicación de las leyes contra los corruptos, que en este caso afectaron el acceso al fundamental derecho a la educación de miles de niños en el departamento.