Declaran calamidad pública en Córdoba para atender estragos de la sequía

Al término de un  Consejo Departamental de Gestión del Riesgo fue  aprobada  la declaratoria de calamidad pública con una duración de 6 meses para afrontar la emergencia  por cuenta  del Fenómeno de El Niño, el cual ha ocasionado el desabastecimiento de agua e incendios forestales en  varias regiones de Córdoba.

 El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, también  solicitó la instalación del Puesto de Mando Unificado, PMU, para hacerle seguimiento a la emergencia, que funcionará en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, donde  se  articulará el trabajo de todas las entidades para atender la calamidad.

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Al mismo tiempo  solicitaron  a las administraciones de los 30 municipios aprobar sus Planes de Gestión del Riesgo para prever y atender de manera eficiente cualquier eventualidad, además de actualizar su estrategia municipal de atención de emergencias.

“El llamado es a hacer los respectivos convenios para poder atender las implicaciones que va a generar el Fenómeno de El Niño en el departamento. La creación y el fortalecimiento de los fondos territoriales de gestión del riesgo es muy importante para poder adelantar las diferentes acciones del plan de contingencia que se va a aprobar en medio de esta situación”, expresó el Gobernador de Córdoba.

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 Con la declaratoria de calamidad pública el gobierno departamental podrá disponer de los recursos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo para adoptar las medidas que permitan contener y mitigar los efectos causados por el Fenómeno de El Niño, entre ellas, abastecer con agua a las poblaciones afectadas a través de carrotanques y fortalecer las capacidades instaladas.

Mediante el  PMU, desde la Gobernación de Córdoba se enviará una circular a los municipios con algunas solicitudes, entre las cuales se incluyen fortalecer la Defensa Civil en cada municipio, hacer convenios con los Cuerpos de Bomberos para tener mayor capacidad de atención, hacer uso eficiente del agua, evitar las quemas y cargar la información de la población afectada al Registro Único de Damnificados.