Consejo de Estado condena a la Fiscalía por no proteger a una víctima de violencia intrafamiliar
El las últimas horas se conoció el fallo del Consejo de Estado que condena a la Fiscalía por no haber tomado medidas para proteger a una víctima de violencia intrafamiliar que fue asesinada por su pareja. La entidad deberá resarcir económicamente a los familiares de la víctima y además, deberá desarrollar una estrategia pedagógica que permita sensibilizar a los funcionarios de esa entidad sobre los casos de este tipo que han derivado en condenas contra este organismo.
La sala ordenó pagar 350 salarios mínimos mensuales vigentes a los hermanos e hijo de la víctima, quien además deberá recibir más de 70 millones de pesos por lucro cesante.
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“Como medida de reparación integral, la entidad condenada deberá expedir una circular, con firma del fiscal general de la Nación, que contenga información sobre los casos de violencia intrafamiliar y de género que han dado lugar a condenas contra el organismo. El documento debe ser suministrado a cada uno de los funcionarios del ente investigador y deberá incluir una estrategia pedagógica de sensibilización sobre hechos que, como este, viven centenares de mujeres en todo el país”, señalaron en un comunicado oficial.
La víctima fue identificada como Rosa Rubiela Reinel Minota, quien convivió más de siete años con Manuel Ibarra Serrano y con quien tenía un hijo de 4 años. De acuerdo con la entidad, la hoy fallecida denunció ante la Fiscalía Local de Cartagena las constantes agresiones físicas y amenazas de muerte, sin embargo, el ente no tomó las medidas que la situación exigía.
Finalmente, el 20 de septiembre de 2008 lamentablemente la víctima fue asesinada por su compañero, quien le propinó tres disparos en el rostro. Además, hirió al padrastro de la mujer, cuando este intentaba defenderla, e intentó quitarse la vida sin éxito. También lea: Video: Nuevamente pasajero agrede a un empleado de aerolínea, al parecer estaba borracho
Según el Tribunal, fiscales y jueces están compelidos al estudio de las pruebas en el marco de estas circunstancias, especialmente cuando existan indicios de que la lesión a los derechos de las mujeres provienen de sus parejas o exparejas o se soporte en antecedentes de violencia intrafamiliar, sea física o sicológica.