Tras 25 años de la masacre en El Salado, Bolívar, habitantes exigen cumplimiento del Estado con las víctimas

Completan más de 24 horas las manifestaciones por gran parte de la comunidad en El Salado, corregimiento perteneciente al Carmen de Bolívar, quienes realizan un plantón pacifico con el fin de visibilizar los presuntos incumplimientos del estado colombiano con esta población víctima del conflicto armado en el año 2000. La jornada inició en la mañana del martes 18 de febrero y continúan en la carretera que comunica el municipio con Cartagena. 

Lo que denuncian recae en que, algunas decisiones judiciales han fallado a su favor, ordenando, por ejemplo, la adecuación de un nuevo puesto de salud y la construcción de un alcantarillado digno, esta medida fue ordenada en el 2010 mediante la sentencia T-045. 

Sobre esto mismo, se pronunció María Torres, víctima de la “Masacre del Salado”, sucedida entre el 16 y 20 de febrero del 2000: 

 “Son 25 años de la masacre, hoy conmemoramos nuestras víctimas con esta apuesta al gobierno nacional  invitándolos a que lleguen a resarcir lo que hoy en día está sin cumplir en el Salado Bolívar”. 

Sobre este hecho ocurrido hace más de dos décadas, se conoce según investigaciones que las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron al corregimiento en las fechas mencionadas, causando terror en la población mediante asesinatos, violaciones, hurtos y demás acciones delictivas que ocasionaron de manera simultánea el desplazamiento de cientos de familias. 

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Por lo anterior, en la actualidad, la comunidad ha expresado que exigen el cumplimiento de ocho términos definidos como medidas reparadoras. Algunos de estos puntos son los siguientes: 

Cumplimiento a la sentencia T-045 de 2010 en cuanto a la adecuación de un nuevo puesto de salud y la construcción de un alcantarillado. 

1. Construcción de vías terciarias para el acceso desde el casco urbano del corregimiento de El Salado a sus veredas. De igual forma, añadieron que es importante que se pavimente la calle principal del corregimiento, argumentando que todo lo anterior quedó incluido en los proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial. 
2. Cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de reparación integral, especialmente en las medidas de indemnización (administrativas, judiciales y acción de grupo) a las familias que aún no han sido reparadas. 
3.  Electrificación de las veredas Villa Amalia, Pativaca, La Peñata, Espiritano y Cascajo
4. Celeridad a los diversos procesos de restitución de tierras, entrega de títulos al campesinado 'salaero' y titulación de los predios de uso público. Así mismo, la comunidad pide  más programas de acceso a tierras, y una mayor articulación entre las autoridades responsables
5. Garantía en el cumplimiento de promesas de gobiernos nacionales y locales anteriores respecto a la construcción de infraestructura para el acceso a servicios básicos, y la ejecución de medidas de sentencias judiciales y el plan de reparación colectiva (sedes del
   colegio del corregimiento, Centro de Atención a la Primera Infancia, puesto de Policía y casa de la memoria).
6. Los habitantes también piden la puesta en marcha de proyectos productivos para la comunidad y acompañamiento para afianzar alianzas comerciales.
7. Finalmente,  piden al gobierno que las medidas sean implementadas con enfoques de género, étnico, territorial y de curso de vida. 

Ante esto mismo, se conoció que en la tarde del mismo martes 18 de febrero 2025, estaba programada la visita de un delegado del Consejo Presidencial para las Regiones; sin embargo, en las últimas horas la representante de la comunidad y vocera, Paola Sánchez, aseguró al equipo de RCN Radio que pese al acercamiento del delegado, la comunidad sigue insistiendo en que esperan conversar con alguien del gobierno nacional que “tenga la capacidad de decisión para abordar los 8 puntos”.

La misma representante indicó en las últimas horas que pasaron la noche en la vía que comunica al Carmen de Bolívar con Cartagena y que actualmente, se encuentran en el mismo sitio con el objetivo de esperar la presencia de un funcionario del Gobierno Nacional.