Siete municipios del Sur de Bolívar están en "riesgo alto" por la presencia de grupos armados
Siete municipios al sur del departamento de Bolívar se encuentran en alerta por la presencia de grupos armados ilegales. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, aseguran que los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia continúan en ascenso, por lo que el defensor, Carlos Camargo Assis, solicitó medidas inmediatas en prevención y protección para la población civil.
El reporte indica que hay un aumento en los homicidios, extorsiones, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de ‘normas de conducta’ y cobro de ‘multas’, aprovechamiento y control sobre la minería ilegal e instrumentalización de menores de edad para cometer delitos.
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Las medidas solicitadas por el defensor, además de la protección de la población civil, tienen como objetivo que esta región no continúe siendo blanco de los actores armados al margen de la ley que delinquen en esa amplia e importante zona del norte del país.
“Las comunidades de siete municipios del sur del departamento de Bolívar están corriendo un riesgo que catalogamos como alto debido a hechos violentos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de la guerrilla del ELN”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El pronunciamiento está sustentado en la Alerta Temprana 003 del 2024, recién emitida para Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio. “Las acciones de los dos grupos armados ilegales están causando desplazamientos forzados, extorsiones, y algunos menores de edad vienen siendo instrumentalizados para actos delictivos”, asegura el Defensor del Pueblo.
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En el documento de prevención y advertencia, de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), las autoridades buscan la adopción de medidas para prevenir y evitar que hechos, como la imposición de ‘normas de conducta’ y cobro de ‘multas’ de las estructuras al margen de la ley y su accionar violento, afecten la vida, libertad, movilidad y seguridad de las poblaciones identificadas como de alto riesgo.