"Sería un despropósito": Dumek Turbay sobre posible apagón en la costa por deuda a Afinia

El alcalde Dumek Turbay, ratificó su posición de rechazo ante un posible racionamiento eléctrico por parte de Afinia, filial del grupo EPM para el mes de marzo, según las autoridades locales esto podría generar grandes consecuencias para los habitantes de toda la Región Caribe. 

Esta decisión se debe a la falta de solvencia económica que tiene actualmente la empresa que suministra el servicio de energía. Según John Maya Salazar, gerente general de EPM, Afinia enfrenta una deuda acumulada de dos billones de pesos, derivada del incumplimiento del Gobierno nacional en el desembolso de subsidios y pagos relacionados con la opción tarifaria. Es por lo anterior que esta situación podría obligar a la compañía a tomar decisiones drásticas a partir de marzo.

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De acuerdo con la empresa la deuda incluye 700.000 millones de pesos correspondientes a subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y un billón de pesos por concepto de la opción tarifaria. Aunque recientemente se desembolsaron 33.000 millones de pesos, esta cifra resultaría insuficiente para garantizar la continuidad operativa de la empresa más allá de finales de febrero.

En este sentido, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay, indicó a través de su cuenta de X que, "a la desfinanciación del Canal del Dique hoy se suma el no pago por parte del Gobierno nacional de la opción tarifaria y subsidios a la empresa Afinia, quien, a manera de presión, hoy anuncia racionamiento a partir de marzo”. 

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Además, el mandatario de los cartageneros ratificó que durante este 13 de febrero será la gran cumbre de alcaldes de la  región caribe como muestra del poder político de la región y también del descontento con respecto al centralismo que hoy, los tiene ante una presión con la comercializadora de energía. El posible racionamiento, según Turbay,  podría ser nefasto y un despropósito para los departamentos que reciben el servicio de parte de la empresa.

Finalmente el alcalde señaló en su pronunciamiento que, "los gobiernos regionales no pueden cargar con esa culpa ajena. Quéjense con el Congreso que no aprobó la tributaria, dicen por ahí”,  aludiendo  a que el retraso de los pagos por parte del Gobierno a las comercializadoras sería por la falta de recursos, porque no fue aprobada por el Congreso la reforma tributaria.