Tras avalar los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena, un juez de conocimiento condenó a cuatro personas que se apropiaron ilícitamente de la pensión de una mujer de la tercera edad.
El primero de ellos, se trata de Eulises Rivas Castillón, hijo de la víctima de 67 años, quien mediante un preacuerdo con la Fiscalía este hombre fue sentenciado a pagar 4 años y 6 meses de prisión domiciliaria. También tendrá que cancelar una multa de $13 millones de pesos. También lea: La policía indica que Cartagena registró una semana sin sicariatos
Rivas Castillón fue hallado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años de edad, debido a que no administró de manera adecuada la pensión de su madre, facultad que le había sido dada debido al estado de salud de la mujer. La falta de atención aceleró la enfermedad de la pensionada, quien falleció en febrero de 2021.
Por otra parte, Joaquín Fernando Herrera Barrios, también suscribió un preacuerdo con el ente acusador y fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión en su residencia. Esta persona es considerada coautora en los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal. Además, tendrá que cancelar una multa de $13 millones de pesos.
Según la investigación, Herrera Barrios utilizó medios fraudulentos para demostrar la convivencia con la víctima, por más de 18 años. Esto le permitió cobrar la mesada pensional entre mayo del 2021 y julio de 2022, en calidad de sobreviviente. La Fiscalía estableció que el dinero se lo entregaba al hijo de la causante, quien le reconocía un porcentaje de la suma recibida.
Y por último, Jesús Jaraba Píñeres y Anita Aguirre Gamboa fueron procesados por el delito de fraude procesal en calidad de coautores. Puede leer: Ojo: Estas son las medidas de orden público para las Fiestas novembrinas en Cartagena
El primero aceptó los cargos, la segunda suscribió un preacuerdo. Los dos fueron sentenciados a 3 años y quedaron en libertad. Además, deberán pagar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal vigente. Estas dos personas aseguraron, mediante declaración jurada, que Herrera Barrios y la víctima eran compañeros permanentes; afirmación que se comprobó era falsa e indujeron al error al juez que terminó reconociendo la mesada pensional en favor de su supuesta pareja sentimental.
La Fiscalía confirmó que los pagos que realizó la entidad de pensión fueron devueltos en su totalidad.