Procuraduría suspende a exgerente del Hospital San Antonio de Padua en Silmití, Bolívar

A través de un comunicado de prensa la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión por cuatro meses a Luis Fernando Vásquez Escudero, exgerente de la Empresa Social del Estado San Antonio de Padua del municipio de Simití, Bolívar por presuntas irregularidades en el ejercicio de facultades de jurisdicción coactiva dirigidas a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Coosalud.

En la sentencia de segunda instancia se evidencio que el sancionado ordeno el embargo y retención de dineros de la EPS Coosalud, sin tener competencia para ello, lo cual no cumplió y desconoció sus deberes, entre ellos, la prohibición constitucional, legal y jurisprudencial respecto del Principio de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

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En contraste con lo expuesto por la defensa, el ente de control precisó que las ESE “no pueden ejercer funciones de cobro coactivo al actuar en sus relaciones comerciales como los demás particulares y, en consecuencia, tampoco podrían adelantar medidas cautelares para el recaudo de este tipo de créditos”, y agregó que “lo correcto, entonces, es que las ESE concurran ante la jurisdicción ordinaria para la efectividad de las obligaciones comerciales”. 

El ente Disciplinario sentencio que no resulta posible quebrantar las condiciones de igualdad que gobierna el mercado de la contratación de servicios de salud, en perjuicio de los demás actores que participan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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La conducta de Vásquez Escudero fue calificada como grave a título de culpa grave, y la sanción impuesta se tradujo en salarios, calculados según el monto que devengaba al momento de cometer la falta, dado que actualmente no ejerce funciones públicas.

Ante reiterada solicitud de la defensora para que se enviaran copias del proceso a las autoridades judiciales administrativas competentes para investigar delitos, faltas y otras responsabilidades del carácter sancionatorio, la Procuraduría instó a la profesional del derecho a instaurar las respectivas denuncias y/o quejas.