Por presuntos hechos de corrupción contra el Seguro Social, Fiscalía ocupa bienes en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adelantó la ‘Semana anticorrupción’, y en varias diligencias ocupó bienes que pertenecerían a personas investigadas por presuntamente participar o auspiciar actividades ilícitas para apropiarse de recursos del Estado. 

Estos procedimientos fueron ejecutados por investigadores del CTI en ocho departamentos del país. Los bienes fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. También lea: Muere niño de 10 años al ser impactado por bala perdida en Cartagena

En Cartagena, fueron afectados 9 inmuebles urbanos y 9 vehículos, que superan en valor los $2.200 millones de pesos. Los bienes estarían a nombre de los hermanos Fabio y Sergio Cabarcas Pardo, y otras personas señaladas de articularse con abogados y un juez de la República para obtener el presunto reconocimiento irregular de pensiones millonarias en detrimento del liquidado Instituto de Seguro Social (ISS). 

De acuerdo con el ente acusador, 16 inmuebles rurales y urbanos ubicados en Popayán (Cauca), Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Bogotá. Los activos, avaluados en 2.580 millones de pesos, harían parte del patrimonio de Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, exgerente de una reconocida Empresa Promotora de Salud (EPS). Este hombre se habría apropiado de recursos de la salud para realizar inversiones dentro y fuera de Colombia, durante 2008 y 2012.

Por otro lado, cinco predios urbanos localizados en Pereira (Risaralda) y Caicedonia (Valle del Cauca). Los bienes, que superan en valor los 1.000 millones de pesos, pertenecerían al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, quien fue condenado por elaborar documentos falsos utilizados para respaldar solicitudes de pensiones de invalidez ante Colpensiones. Puede leer: Caravana de motocicletas generó caos en Barranquilla

En Valledupar (Cesar), fue afectado un inmueble cuyo costo alcanza los 300 millones de pesos. El bien estaría a nombre del exalcalde de Valledupar, César Augusto González Armenta, posible responsable de las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios para fortalecer la orientación vocacional profesional de estudiantes de grado 11.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con fines de extinción del derecho de dominio.