Migración, un 'enano' que crece sin control en Colombia

En el marco del encuentro internacional de defensores del pueblo, representantes de diferentes instituciones del país reflexionaron sobre la situación migrante del país, específicamente, todo lo relacionado con la protección de derechos.

El secretario de Fronteras y Asuntos migratorios de Norte de Santander, Víctor Bautista, manifestó que en su departamento se ha visto pasar a más de cuatro millones de migrantes y el 10 % se ha quedado.

“El 44% de la migración venezolana es menor de 14 años, la visión es que es un problema muy global que estamos intentando resolver en pequeñas zonas de Colombia”, dijo el funcionario.

“Nosotros tenemos con bienestar familiar y con las alcaldías limítrofes un protocolo para protegerlos mientras están en nuestro territorio, pero ellos siguen caminando hacia el centro del país, y por eso la cooperación y comunicación entre entidades extraterritoriales para que estos menores no caigan en la serie de peligros que están cayendo en este momento”, agregó Bautista.

Lea También: Este 2021 puede ser el año con más víctimas de explosivos en Colombia: CICR

“Tenemos la dificultad de que muchos menores están siendo reclutados en zonas donde hay una criminalidad alta, el Catatumbo nos preocupa, porque allí hay un proceso de sustitución de cultivos ilícitos y organizaciones ilegales que los reclutan, obviamente que tenemos que mirar con el ICBF cuántos niños están en protección y caracterizar el flujo migratorio, que en promedio están entrando 200 por Norte de Santander, un poco más de 80 son menores de edad”.

Según el funcionario, los servicios básicos en las zonas de fronteras están en una desventaja, “en una brecha del 40% con respecto a otras regiones del país, y si no hay servicios básicos para los locales, y si ellos sienten que con la llegada de migrantes se verán en desventaja, entonces, no es un elemento fácil de combatir, y un alcalde, pues, a proceder a desalojar a una invasión de 7.000 personas, es muy difícil”

Agregó que, “este tema de la migración no solo es de solidaridad, sino del tema financiero. Norte de Santander ha recibido 250.000 contando  los retornados, entonces cuando se ponen en disputa los recursos de saneamiento básico o el tema de la educación, ya es una situación más compleja. Esto se convierte en una situación insostenible, y yo creo que el tema es de cifras, el tema es de planeación nacional”.

Por su parte, Antonio José Lizarazo Ocampo, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, manifestó que desde el año 2015, cuando incremento el tema de la situación migratoria venezolano, la Corte Constitucional ha tenido que resolver varios casos en materia de protección a los derechos fundamentales.

“Inicialmente problemas relacionados a la salud, de personas que requerían con urgencia atención, gran cantidad de casos de mujeres embarazadas, niños recién nacidos, donde empezó a surgir la problemática del registro civil y del reconocimiento de la nacionalidad, también demandas de derecho al trabajo, o garantía del derecho a la justicia, para reclamar a sus empleadores derechos laborales”, explicó en su discurso.

También enfatizó que, recientemente se ha recibido solicitudes del derecho al debido proceso, con relación a trámites de regularización o definición de la situación migratoria de los venezolanos.

Puede Interesarle: Claudia López niega que el POT en Bogotá llenaría los barrios residenciales de prostíbulos

“Reconocer que las personas migrantes tienen derechos fundamentales, y que la condición migratoria no puede ser un obstáculo para la protección de sus derechos, el derecho a la salud, la atención de urgencias, es un derecho que debe ser reconocido a todos los seres humanos, independientemente de su condición migratoria y es una obligación del estado colombiano”, precisó.

Añadió: "yo reconozco que el estado colombiano ha venido ampliando paulatinamente sus obligaciones, adoptando medidas adecuadas; en las intervenciones ante la corte ha quedado evidenciado la asignación de recursos a entidades territoriales para atender demandas de salud y educación, particularmente en regiones fronterizas”.

Durante este panel también participó Lucas Gómez García, gerente de fronteras de la Presidencia de la República, quien fue enfático en decir que el tema migratorio es una política de Estado.

“Cuando uno ve la diferencia entre la crisis de Siria, en donde la cooperación internacional pone 3.000 dólares por cada migrante, pero en la situación venezolana no supera los 300 dólares, la única posibilidad que tenemos es la política de fraternidad y hermandad”.

“Estamos en una brecha muy grande entre lo que pone el Estado y lo que recibimos de cooperación internacional, aquí la opción no es seguir buscando recursos para seguir apoyando a los migrantes, aquí la opción es entender que ellos serán productivos para nuestro país, pero la gran apuesta es esa integración socioeconómica que hará de Colombia un mejor país”.

Entre tanto, Carlos Ordosgoitia, presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, se refirió a los rezagos en diferentes problemas en los territorios del país, aún más con el paso de la pandemia.

“Ahora tenemos cifras de desempleo realmente altas, y en esa radiografía nos muestra que esta problemática puede sobrepasar cualquier dimensión. El 56 % son migraciones irregulares que al final se van a quedar en el país, eso ha ido creciendo y eso ha aumentando, incluso, las cifras de inseguridad, y por eso creo que los alcaldes capitales hacemos una voz sentida, pero también agendas para aportar al país”, aseveró Ordosgoitia.

Por último, Julián Pinilla Malagón, personero de Bogotá, explicó que hoy tienen 340.000 migrantes con requerimientos constantes en temas de salud, registro de niños, condiciones laborales y vivienda.

“En lo que va del año se han recibido 1.400 solicitudes de población migrante, acceso a la salud, registro civil a niños, incremento de solicitudes a maltrato en condiciones laborales, y un problema que se ha planteado es el tema de la vivienda que ha sido una gran dificultad en Bogotá”, indicó Pinilla.

“En el barrio Santa Fe encontramos problemas de hacinamiento, escuchamos testimonios desgarradores, personas que han sido objeto de hurto y estafa, yo creo que Bogotá tiene mayores recursos, pero también es una ciudad que tiene muchísimas necesidades, una ciudad que tiene casi 9 millones de habitantes, el contexto en Bogotá ha sido muy difícil”.