El edifico Aquarela, según el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está a pocos trámites para concretar quien será el encargado de su demolición.
La entidad confirmó que, avanza con el proceso para cumplir lo pactado en el convenio 983-2021, con el fin de apoyar a la Alcaldía Distrital de Cartagena en la sustituían del espacio público investido por esta obra.
“Mediante la expedición el 17 de enero de 2021, del Otrosí N.1 se posibilita la incorporación al convenio de los recursos necesarios para la celebración de los procesos de contratación derivados para la selección de la consultoría y la interventoría, los cuales se llevarán a cabo a través del concurso de méritos contemplado en la ley 1150 del 2007”, destacaron a través de un comunicado de prensa.
La Unidad Nacional de Gestion del Riesgo y Desastre expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, “esto con el fin de apropiar los recursos que amparán la contratación de la consultoría y la interventoría a realizar, para la restitución del espacio público ocupado por la infraestructura”.
Destacó la UNGR que, “una vez perfeccionado con la firma de las partes el otrosí N°1 al convenio, los tres (3) días hábiles siguientes se cargará en la plataforma SECOP II los concursos de méritos de consultoría e interventoría, para así continuar con el proceso para garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público del distrito de Cartagena”.
Agregaron, “En el desarrollo de los concursos de méritos, se establecerá el cronograma de las etapas del proceso de selección, los cuales iniciarán con la publicación del aviso de la convocatoria, los estudios, documentos previos y los proyectos de pliegos de condiciones que podrán ser consultados en www.colombiacompra.gov.co/secop-ii”.
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Recordar que, según un informe adelantado por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Colombia, este edificio construido en inmediaciones del Castillo San Felipe de Baraja, representaría un riesgo.
Se espera que en este primer semestre se pueda cumplir con el proceso de demolición anunciado por el Gobierno Nacional, porque la UNESCO dio como plazo definitivo hasta diciembre de 2022.