Contraloría de Cartagena revela detrimento patrimonial en contratos superior a $ 264.000 millones

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias dio a conocer un preocupante hallazgo en sus más recientes auditorías. De acuerdo con el informe, se trata de un detrimento patrimonial superior a los 264 mil millones de pesos en contratos suscritos entre el Distrito y las entidades Aguas de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). 

Según los resultados de las actuaciones especiales de fiscalización, el ente de control identificó diversas irregularidades en la ejecución de estos contratos, lo que ha generado un significativo perjuicio a las finanzas del Distrito.  

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“La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, generó informe final de actuación especial de fiscalización con relación al contrato Gisa celebrado entre el Distrito de Cartagena y Aguas de Cartagena, el cual dio como resultado cinco hallazgos con incidencia administrativa, de los cuales dos hallazgos tienen incidencia fiscal, un hallazgo con presunta incidencia penal y tres hallazgos tienen presunta incidencia disciplinaria”, expresó la contralora Ángela María Cubides González. 

Para el caso del contrato con Aguas de Cartagena, la contralora detalló que, encontraron cinco hallazgos con incidencia administrativa, dos con incidencia fiscal, uno con presunta incidencia penal y tres con presunta incidencia disciplinaria. Por su parte, el contrato con la UAECD arrojó 12 hallazgos administrativos, seis con incidencia fiscal, doce con presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia penal. 

El ente de control ha cuantificado el detrimento patrimonial en 239.553 millones de pesos para el contrato con Aguas de Cartagena y 25.248 millones de pesos para el contrato con la UAECD, lo que suma un total de 264.801 millones de pesos. 

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Ante la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría Distrital decidió trasladar los casos con presunta incidencia disciplinaria y penal a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, para que inicien las investigaciones correspondientes.  

Asimismo, la contralora manifestó que los hallazgos con incidencia fiscal han sido remitidos a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría para su análisis y posterior trámite.