Comunidad de Islas del Rosario pide suspensión a procesos sobre baldíos de la zona

Tras el inicio de un proceso por parte de la Agencia Nacional de Tierras, que busca la recuperación de los baldíos reservados de la Nación del Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, las comunidades negras asentadas en esta zona, solicitaron la suspensión de todo acto o procedimiento administrativo que se esté adelantando con dichos baldíos, hasta que no haya una concertación entre la ANT y los nativos de la isla.

Dayana Medrano, representante legal del consejo comunitario de las Islas del Rosario, manifestó que, ellos no se oponen a que la ANT quiera mejorar ciertas situaciones que se presentan en la celebración de los contratos en la isla, sino que ellos quieren ser parte del proceso para garantizar la real participación en la toma de decisiones y que se les respete Autoridad Étnico Territorial.

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“Cuando escuchamos la noticia de que los derechos iban a ser revindicados a nuestra comunidad, obviamente a nosotros nos pareció maravillosa la idea, de que el Gobierno de alguna manera nos comience a ver, pero lo que queda el sinsabor es que y la sorpresa del caso, porque la ANT arbitrariamente expide comunicación frente a la terminación de contratos sin previa consulta a nosotros como comunidad, desconociendo si tenemos o no relación con  los mismos”, indicó la representante legal del consejo comunitario.

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Medrano reiteró que nunca tuvieron conocimiento de estos procesos por parte de la ANT. “Nunca en cuanto a temas de las administraciones de la Agencia Nacional de Tierras a nuestra comunidad se le ha consultado por medio de consultas previas sobre las decisiones que se toman en este territorio”.

Cabe anotar que, la Agencia Nacional de Tierras presentó la primera demanda para recuperar diez baldíos en el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, ya que, según los contratos se celebraron con abuso o desviación de poder, porque se suscribieron el último día de existencia del Incoder y contra expresa prohibición legal. También se ejecutaron muy a pesar de la existencia en ese momento de contratos anteriores, que vencían en diciembre de 2016 y se desarrollaron los contratos sin importar que los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado al momento de su firma.