Compradores de Aquarela se reúnen con la Administración Distrital
Es el primer encuentro en siete años.
Con el propósito de conocer la posición del Distrito frente al tema, un grupo de compradores de las Torres 1 y 2 del fallido proyecto inmobiliario Aquarela se reunió con el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, Milton Pereira Blanco, y con la secretaria General, María Patricia Porras.
Es el primer encuentro formal que tienen con el Distrito en siete años, desde que empezó toda la situación adversa con el edificio.
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Precisaron que se han declarado a sí mismos como “damnificados” del edifico Aquarela, toda vez que “la constructora Promotora Calle 47 S.A.S no les ha rembolsado el dinero que ellos entregaron como cuota inicial de los apartamentos”. De acuerdo, a lo explicado por su abogado, César Díaz Cueto, la única respuesta que han recibido de la constructora es que “su dinero está invertido en la edificación, al haberse cumplido los requisitos de desembolso, luego del punto de equilibrio”.
Los funcionarios de la Alcaldía explicaron que la Administración no ha hecho ningún cuestionamiento sobre la legalidad de la licencia de construcción; solo se ha limitado a cumplir la orden de restitución de 619.59 m² de espacio público dada por el Inspector de Policía No 2 de la Casa de Justicia de Canapote, mediante resolución No 001 del 9 de octubre de 2018, la cual se encuentra en firme, luego de haber sido confirmada, en su momento, por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.
La demolición de Aquarela se hará de forma mecánica, es decir se desmontará piso por piso, labores que están planificadas para concluirse en seis meses. La empresa contratada por Edurbe para realizar este proceso es Atila, con una experiencia de 30 años en demoliciones de inmuebles, reconocida por la implosión del puente Chirajara, de las torres Space, de Continental Towers y del edificio Mónaco de Pablo Escobar.
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Las obras tienen un costo de $11.128 millones, sobre los cuales el alcalde Dumek Turbay ha expresado que serán recuperados mediante un proceso de cobro coactivo a la constructora.
En la reunión con los compradores se acordó hacer otros encuentros de seguimiento a los avances del tema y hacer acercamientos con Corvivienda y el Ministerio de Vivienda a fin de buscar posibles soluciones.
