58 casas están en riesgo de colapso en el Centro: ordenan reparaciones inmediatas
El Juzgado 13 Administrativo de Cartagena admitió una demanda presentada por el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, contra 58 propietarios de inmuebles en avanzado estado de deterioro en el Centro Histórico, Getsemaní y La Matuna. La acción popular busca proteger los derechos colectivos y mitigar los riesgos que representan estas propiedades para transeúntes, residentes y turistas debido al inminente peligro de colapso de balcones, tejados y fachadas.
La demanda fue admitida el 15 de noviembre y autorizó al Distrito intervenir los inmuebles declarados en grave riesgo por entidades como el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Gestión del Riesgo y la Dirección de Control Urbano. Las intervenciones, que deberán ejecutarse de forma inmediata, incluyen obras de “primeros auxilios” para garantizar la seguridad y preservar los valores patrimoniales y estéticos de las edificaciones.
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El alcalde Dumek Turbay manifestó que esta medida es una respuesta a las exigencias de los cartageneros y busca ir más allá de inspecciones y sanciones. “Queremos poner en cintura a los dueños de casas coloniales en mal estado, cuya omisión pone en riesgo la integridad física de la ciudadanía y afecta el turismo. Esta es una acción contundente para proteger la vida y el patrimonio de Cartagena”, afirmó el mandatario.
Entre los demandados se encuentran personas naturales, empresas y entidades como: Fideicomiso Tcherassi Hotel Spa X, Sayco, Leasing Bancolombia, South American Investment Latin Inc., Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena y Fundación Universitaria Los Libertadores.
La jueza Giovanna Bonilla Mitrotti también ordenó informar sobre la acción popular en las carteleras de las Juntas de Acción Comunal de los barrios involucrados para invitar a posibles afectados a coadyuvar en la demanda. Además, se estableció que, si los propietarios no realizan las reparaciones requeridas, el Distrito podrá ejecutar las obras necesarias y cobrar posteriormente los costos.
Esta decisión busca evitar tragedias relacionadas con el colapso de inmuebles históricos y refuerza el compromiso de la administración distrital con la seguridad y la preservación del patrimonio de Cartagena.