Autoridades buscan a sacerdote involucrado en caso de abuso sexual en Córdoba
Sigue desaparecido el sacerdote Carlos Carvajal Galvis, quien es buscado por la Policía y Fiscalía señalado porque supuestamente abusó sexualmente de una menor de edad en el municipio de San Bernardo del Viento.
La diócesis de Montería mediante un comunicado explicó que está presta a colaborar en lo que requieran las autoridades para esclarecer los hechos y al mismo tiempo anunció que brinda acompañamiento espiritual a los familiares de la afectada.
También explicaron que ya se dieron las medidas cautelares para separar de sus funciones religiosas al sacerdote mientras se investigan las denuncias y se prueba si es o no responsable de los señalamientos.
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Contra el sacerdote en mención se conoció que hay una orden de captura y los familiares de la víctima esperan que se lleve a cabo lo más pronto posible, además, se conoció que el religioso se habría intentado quitar la vida luego de conocerse la noticia.
Entre tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que brindó acompañamiento psicosocial a la niña de 13 años de edad, víctima de presunta violencia sexual en el municipio de San Bernardo del Viento, en Córdoba.
“Desde el momento en que el ICBF conoció el caso, un equipo de la Defensoría de Familia atendió el requerimiento y verificó los derechos de la niña, a quien se le hizo valoración psicológica inicial, abriendo el respectivo proceso para restablecer sus derechos”, dice la entidad en el comunicado.
El director regional del ICBF en Córdoba, Alberto Jiménez, luego de rechazar el hecho dijo que desde el instituto se adelantarán las acciones correspondientes para que sus derechos sean restablecidos y se seguirá brindando acompañamiento a la niña y a su familia.
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El instituto reiteró su llamado a las autoridades judiciales para que prioricen los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, particularmente los delitos sexuales para disminuir las cifras de impunidad.
Jiménez insistió en la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en fortalecer los entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos para evitar situaciones lamentables.