Senador Meisel radica acción popular para impedir cobro de valorización en vía Barranquilla-Cartagena
Ante el Centro Cívico de la capital del Atlántico y del Tribunal de Cundinamarca, vía virtual, fue radicada una acción popular, por parte de Carlos Meisel, senador de la República en compañía de la comunidad, con la cual, buscan medidas cautelares que tumben el efecto del cobro de valorización en la vía Barranquilla - Cartagena.
"En la práctica se está viendo un golpe a la propiedad privada porque están diciendo que esta contribución puede hacerse en dinero o en especie y toda la gente que tiene una incapacidad de pago hoy, totalmente clara en la tasa y en el cobro que le van a hacer, va a tener simplemente a recurrir que decir, pago en especie", señaló Meisel, quien, a su juicio, en la práctica, es una "expropiación".
Por su parte, Silvio Charris, operador turístico del Atlántico, afirmó que la puesta en marcha de este gravamen es un atropello contra el turismo y el sector agropecuario, al explicar que en la actualidad pasan por un mal momento económico.
"Es el más letal golpe a la economía del noroccidente del departamento del Atlántico, en toda su cobertura de productividad, tanto en el sector de zonas francas industrial, comercial, agropecuario y el sector turístico, uno de los más golpeados en los últimos 10 años por el cambio climático, el fenómeno de El Niño, la erosión costera y la pandemia", manifestó Charris.
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Por su parte, Meisel indicó que la propuesta del Gobierno es un "exabrupto", por varias razones: la primera, al no entender, de dónde sacó La Lonja el estudio que contrataron para decir que, los predios se valorizaron en ocho billones de pesos; pero también, por la capacidad de pago que aducen tienen los propietarios de predios de la zona.
Recordó, además que, esos terrenos han sido cobrados por los entes territoriales.
"Tubará en 1989, por ejemplo, cobró una valorización, no sé si se pueda afectar dos veces a los ciudadanos, por la misma causa", expresó.
La iniciativa acompañará la acción también de nulidad presentada por Dumek Turbay, alcalde de la capital de Bolívar.
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