Dumek Turbay pide a la Corte Constitucional tumbar el cobro de valorización en la Vía del Mar

La Corte Constitucional admitió la participación del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, como coadyuvante en la demanda que busca declarar inconstitucional el cobro de valorización a predios ubicados en la zona de influencia de la Vía del Mar, carretera que conecta a Cartagena con Barranquilla. La acción judicial fue presentada a inicios de noviembre por el senador Mauricio Gómez Amín y cuenta con el respaldo de los Concejos de ambas ciudades, gremios económicos y ciudadanos afectados.  

El cobro, promovido por el Instituto Nacional de Vías (Invías), impactaría a 143.000 predios en 10 municipios de Bolívar y Atlántico, con un área de influencia que abarca 96.311 hectáreas. En Cartagena, se identificaron 66.303 predios afectados en sectores como Bocagrande, Castillogrande, Manga y El Laguito. De estos, 51.200 son habitacionales, 10.226 comerciales y 2.156 agrícolas.  

Puede leer: Así avanzan las obras de Aguas de Cartagena que dejaron sin servicio al 63 % de la ciudad

La demanda, que cuestiona el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, alega que esta disposición viola principios constitucionales como la buena fe, la confianza legítima y la irretroactividad. También denuncia que el cobro podría ascender a 2.4 billones de pesos, cifra que supera la inversión regional del presupuesto nacional para el Atlántico y Bolívar, afectando gravemente a los hogares y frenando inversiones en construcción.  

Turbay destacó que su respaldo a esta acción no busca confrontar al Gobierno Nacional, sino garantizar los derechos de los ciudadanos. “Esta demanda tiene como objetivo una revisión constitucional completa del cobro, para proteger a las familias que ya enfrentan altos costos en servicios, transporte y alimentación”, afirmó el mandatario.  

Lee aquí: Gustavo Petro confirmó un nuevo aeropuerto para Cartagena, estará en Bayunca: esto se sabe

La admisión de la demanda por parte de la Corte Constitucional permitirá un análisis detallado del caso y la participación de diferentes actores sociales, académicos y jurídicos. Además, tanto Turbay como Gómez han llamado a la sociedad civil, gremios y juntas de acción comunal a sumarse para ejercer mayor presión y garantizar un debate amplio sobre el impacto del cobro.