Robo de energía ha disminuido hasta en un 25% en Atlántico, Magdalena y La Guajira

La empresa Air-e informó que gracias a las acciones emprendidas de la mano con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se logró una reducción significativa del robo de energía en la región Caribe durante los últimos dos años. 

Jussy Zelaya, gerente general de Air-e, destacó que desde octubre de 2020, cuando la empresa inició operaciones en Atlántico, La Guajira y Magdalena, se ha logrado disminuir un 25% el fraude de energía, reduciendo las pérdidas diarias de 2 mil millones a 1.5 mil millones de pesos, una cifra récord.

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El ingeniero enfatizó el reto de invertir en la detección y regularización del fraude, así como impulsar un cambio cultural a través de la penalización del delito. Durante un seminario realizado en la Universidad del Norte, expertos discutieron el impacto del fraude de energía en la sociedad.

En este evento también participó Eduardo Montealegre, exfiscal general de la nación, quien consideró que la legislación actual es insuficiente para abordar el hurto de energía, sugiriendo una respuesta más fuerte desde la legislación penal y la creación de una comisión de análisis de política criminal.

“Usted como usuario es el que tiene que pagar los fraudes en los fluidos que hacen personas inescrupulosas, por eso se requiere una reacción más fuerte por parte de la legislación penal, una nueva política criminal frente al hurto y al fraude de fluidos, de robo de energía, agua y telecomunicaciones. Se necesita más fortaleza, más claridad, más capacidad de investigación de la Fiscalía General frente a estos casos”, agregó.

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La formación académica buscó orientar sobre conceptos técnicos del fraude de energía, identificando pruebas materiales y cuantificaciones de daños. Alberto Madero Rincón, decano de Derecho de la Universidad del Norte, mencionó que en las aulas se profundiza en las características jurídicas de estos delitos y su impacto en la sociedad y tarifas.

Asistieron al seminario representantes de la Fiscalía General, Policía Nacional, Uninorte y Air-e, entre otros.