Panorámica del norte de Barranquilla.
3 Feb 2025
08:22 AM
Procuraduría investigará a comandantes y funcionarios por no atender la alerta de violencia en Barranquilla
Entre los investigados hay tres comandantes de la Fuerza Pública y seis funcionarios, tres de ellos de Barranquilla, uno de la Gobernación.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla.
Los tres funcionarios de la alcaldía de Barranquilla que serán investigados son, Yesid Turbay Pereira, actual jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia, Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla.
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la procuraduría indicó que la investigación también se adelantará contra Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico, contra Leonel Morrón Maiguel, quien funge como secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y contra Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.
El ministerio público aseguró que la investigación se adelantará en contra de dichos funcionarios y comandantes, porque no tuvieron una respuesta rápida a la Alerta Temprana N° 0037 de 2020.
De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, para la época de los hechos entre los años 2019 a 2023, dichos servidores no adelantaron de forma oportuna los planes o acciones necesarias para mitigar, alejar o disuadir, los escenarios de riesgos planteados; lo que posiblemente ayudo a que se consumaran los hechos violentos.
El documento emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, aún vigente, advierte sobre el riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana, que comprende los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, por la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, prostitución, extorsión y los puertos para envío de drogas al exterior.
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La alerta señala que entre la población más vulnerable por el accionar de estas estructuras armadas están comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientación sexual e identidad de género diversas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros.
Entre las pruebas requeridas por la Procuraduría están las copias de las actuaciones adelantadas, si las hubo, por las entidades a cargo de los mencionados funcionarios para cumplir con los requerimientos hechos en la Alerta Temprana n. 0 037 de 2020, con el fin de mitigar los riesgos de esta población.
También los listados completos de otros servidores públicos que tuvieron responsabilidades asociadas con el cumplimiento de dicha solicitud.
