Procuraduría investiga creación de autoridad ambiental metropolitana en Barranquilla

A menos de un mes del anuncio que hizo el Área Metropolitana de Barranquilla, AMB, de la creación de la autoridad ambiental, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra varios funcionarios adscritos a esta entidad, por otorgar esas competencias ambientales. 

El pasado 4 de septiembre el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, celebró la decisión que había tomado la junta directiva del AMB para que hiciera las veces de Autoridad Ambiental Metropolitana que beneficiaría a los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y a la capital del Atlántico. 

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Dicha decisión causó polémica, ya que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, es la entidad que está encargada de ejercer esa labor en todo el departamento. 

Sin embargo, desde el AMB argumentaban que estaban basados en el ordenamiento legal colombiano, ley 99 de 1993 y ley 1625 del 2013 que establecen que los grandes centros urbanos, definiendo estos como municipios, distritos y/o áreas metropolitanas con una población superior a 1 millón de habitantes “ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano”.

Por esto la Procuraduría Regional del Atlántico busca establecer si con la conformación de la autoridad ambiental con jurisdicción en el Distrito de Barranquilla y los municipios del área metropolitana se habría afectado las competencias de los organismos del orden nacional, distrital y municipal. 

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Además de eso indaga un posible incumplimiento a la formulación e implementación de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial, al aparentemente no contar con el Plan Integral de Desarrollo ni el Plan Estratégico Metropolitano, como está previsto en la Ley 1625 de 2013. 

"Con la apertura de la indagación preliminar se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad", expresó la Procuraduría en el comunicado.