Preocupación en Atlántico por aumentos en el Impuesto de Industria y Comercio en Barranquilla
Acopi en el Atlántico está preocupado por el proyecto de Acuerdo presentado por el alcalde Alejandro Char, que propone un nuevo ajuste al Estatuto Tributario del Distrito. El gremio advierte que este segundo ajuste pone en riesgo el tejido empresarial de la ciudad.
Rosmery Quintero, presidenta del gremio en el Atlántico, manifestó que, a menos de un año del último aumento en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), se plantea otro ajuste. Para ella, el tema debe ser analizado con responsabilidad y determinar cuál es el contexto actual, de cómo está el sector. En este sentido, expresó que, el Concejo no se puede convertir en un comité de aplausos.
Al hacer análisis de cifras de años anteriores, hay unas que son absurdas.
"Si lo hacemos desde el 2020 el análisis, nosotros tenemos incrementos que va en un intervalo entre 150% hasta 500%; lo vemos como lo pretenden hacer 2024-2025, los aumentos van de 127% hasta 150%. Esto es una gran irresponsabilidad".
Recordó que, el Concejo de Barranquilla desarrolla una función administrativa y deben ser "serios", al igual que, la parte administrativa de la Alcaldía.
"Presentar ante función pública y planeación nacional y acatar lo que ellos recomiendan; publicar una agenda regulatoria que, contemplan todas las modificaciones que se pretendan anualmente, y eso no se está haciendo", aseveró la dirigente gremial.
Indicó que, esto se propone en un momento crítico para las MiPymes, que ya enfrentan presiones significativas debido a la contracción en sectores como el manufacturero y el aumento de los costos operativos.
Para ella, es irónico lo que observa: "Estamos viendo a un alcalde que está distante del Gobierno Nacional y eso es decisión de él y se respeta, pero estamos repitiendo algo que le estamos criticando al Presidente y es la inestabilidad en las reglas del juego. Nosotros estamos sumamente preocupados por todas las reformas".
El gremio le hizo un llamado al alcalde distrital.
"Hacemos un llamado respetuoso al alcalde Alejandro Char y al Concejo de Barranquilla para reconsiderar la magnitud estos incrementos y su impacto en la competitividad de la ciudad. Además, instamos a que, en su ejercicio legislativo, se considere la importancia de integrar normativas clave para el sector empresarial y la ciudadanía en general dentro de su agenda regulatoria tal como lo recomienda el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Función Pública en el marco normativo del CONPES 3816 de 2014 y la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014)".