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Asistentes a la sesión de la audiencia virtual contra Nicolás Petro.
Captura de pantalla.
23 Abr 2025 04:59 PM

Audiencias contra Nicolás Petro fueron reprogramadas para el 19 de mayo, la solicitud la hizo el juez Carbonó

Adolfo de Jesús
Charris Casseres
La solicitud se hacía por el fallecimiento de un familiar y por temas personales de parte del juez Carbonó. 

Minutos antes de comenzar la segunda parte de la audiencia de este miércoles contra el hijo del Presidente de la República, Nicolás Pedro Burgos, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado activos, el juez Hugo Carbonó decidió aplazar la audiencia con fecha para el 19 de mayo del presente año. 

Según lo que indicó Carbonó, la solicitud se hacía por el fallecimiento de un familiar y por temas personales. 

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La defensa de Nicolás Petro, junto con la fiscal del caso Lucy Laborde y la representante de la procuraduría, aceptaron la nueva fecha designada por el togado. 

Es importante mencionar que durante estos tres días de audiencia, la defensa del ex diputado del departamento del Atlántico confrontó acusaciones realizadas por parte de la fiscalía y pidió que se introdujeran al juicio el testimonios y pruebas conseguidas donde se demostraría la inocencia de Petro Burgos. 

El día 19 de mayo la audiencia comenzará a partir de las 8:30 de la mañana y con la presencia de los implicados, por ende se espera la visita de Nicolás Petro al recinto judicial de la ciudad de Barranquilla.

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Durante la mañana de este miércoles, el abogado Alejandro Carranza aseguró que, hubo un sesgo institucional por parte de la Fiscalía General de la Nación durante el proceso acusatorio.  Anunció que en medio de la continuidad del proceso serán reveladas ciertas arbitrariedades que habrían sido cometidas por el grupo de tareas especiales de la Fiscalía, durante el proceso acusatorio contra Petro Burgos, a fin de dejar en evidencia la presunta falta de objetividad en medio del proceso.

Entre las solicitudes también está incorporar al juicio el testimonio de Santander Lopesierra, como un posible uso instrumental por parte de terceros, que demostrarían inconsistencia y manipulación de una supuesta financiación a la campaña presidencial, con la que, su defendido fue relacionado con delitos como enriquecimiento ilícito.