Santa Marta lanza S.O.S. por casos de presuntos abusos sexuales de niñas indígenas en La Guajira

Santa Marta elevó su voz de alarma por graves casos de presuntos abusos sexuales en los que habrían sido víctimas 11 niñas indígenas de La Guajira, quienes actualmente reciben atención por parte de la administración distrital. 

Durante una audiencia pública organizada por la Defensoría del Pueblo en el municipio de Ciénaga, Sara Vives, alta consejera de la Alcaldía de Santa Marta para la Sierra Nevada, expuso la situación que afecta no solo a las niñas de La Guajira, sino también a menores del Cesar, igualmente víctimas de presunto abuso sexual. 

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La funcionaria destacó que, a pesar de las medidas cautelares estipuladas en el Auto 004 de 2009 para proteger a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, estas no han sido implementadas con eficacia.
“Lo que evidenciamos en el territorio es que estas medidas han sido un saludo a la bandera. No se les hace seguimiento, las reuniones son solo para documentarse y no hay acciones reales para abordar la problemática”, enfatizó la alta consejera para la Sierra Nevada.

La situación es especialmente crítica en Santa Marta, donde actualmente siete niñas indígenas, de entre 2 y 12 años, están bajo protección tras haber sido víctimas de presunto abuso sexual. “Hemos emitido alertas tempranas y hecho denuncias formales ante el ICBF, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, pero no ha pasado nada”, lamentó Vives.

Un panorama desolador
La alta consejera reveló casos desgarradores como el de una de las niñas en la Guajira cuyo papá fue asesinado después que denunció un presunto caso de violación y la menor apareció muerta a los tres días. “Son niñas y niños que están en un estado muy vulnerable en estas comunidades indígenas. Ese es el llamado que hemos hecho, el compromiso que hizo la Defensoría del Pueblo, ese es el compromiso que hizo toda la mesa principal que estuvo ahí en esa audiencia pública y estamos esperando que en realidad le hagan seguimiento a estas denuncias que hemos hecho aquí desde el distrito de Santa Marta”, aseveró.

Según Vives, presuntamente los agresores son miembros de las mismas comunidades indígenas, aunque las investigaciones aún no han confirmado esta versión. “Es desgarrador y refleja la vulnerabilidad extrema de estas comunidades”, añadió.

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El caso de estas menores indígenas pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección para los pueblos originarios y de atender con urgencia las alertas sobre derechos humanos en la región, afectada también por fenómenos asociados a la violencia entre grupos armados ilegales y otros factores que ponen en riesgo y en situación de vulnerabilidad a las comunidades ancestrales.