El pueblo yukpa denunció que la empresa Glencore sigue comercializando carbón a pesar de haber devuelto los títulos mineros al Estado.
El pueblo yukpa, en conjunto con los wayuu, planea presentar una demanda en Estados Unidos contra Glencore.
En una reciente rueda de prensa en Valledupar, el pueblo yukpa denunció que la empresa Glencore sigue comercializando carbón a pesar de haber devuelto los títulos mineros al Estado. Según el cabildo indígena, el carbón es traído desde Sardinata, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, y transportado en tractomula hasta el Cesar, donde presuntamente se mezcla con el extraído en este departamento para su comercialización.
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Edward Álvarez, asesor del pueblo yukpa, recordó que en 2019 interpusieron una tutela que llevó al Tribunal Administrativo del Cesar a ordenar la suspensión del proyecto minero. Esta suspensión fue posteriormente ratificada por el Consejo de Estado tras una denuncia interpuesta. Sin embargo, en visitas recientes al campo, las autoridades yukpa han constatado que la operación de Glencore continúa.
El asesor también destacó que la Corte Constitucional evidenció que cerca de 700 niños y niñas yukpa han muerto debido a los desvíos de ríos por parte de las compañías mineras.
“Los yukpas son pescadores, cazadores y recolectores. Al no tener la proteína del pescado, nuestros niños se mueren. Todo lo hemos documentado, y a raíz de la industria minera energética en el territorio central yukpa, se han generado graves consecuencias. Por ello, hemos informado a la Presidencia de la República y a todos los entes de control lo que está sucediendo”, dijo Álvarez.
El pueblo yukpa, en conjunto con los wayuu, planea presentar una demanda en Estados Unidos contra Glencore y acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las muertes de los niños yukpa documentadas desde 1994 hasta la actualidad.
Muerte de menores por Conflictos de Tierras
Por otro lado, también mencionaron la muerte de cinco niños yukpa por envenenamiento en el resguardo Iroka, municipio de Codazzi, donde el cabildo indígena asegura que estas muertes son consecuencia de conflictos por tierras.
Álvarez explicó que ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra los directores de la Agencia Nacional de Tierras y la actual ministra de Agricultura, argumentando que los niños murieron por determinantes sociales relacionados con el territorio.
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Es de recordar que los menores fueron hallados por su padre a las afueras de su vivienda. Dos de ellos ya estaban sin vida y los otros tres fallecieron mientras recibían atención médica en un centro asistencial.
