1 Feb 2022
07:23 AM
Procuraduría solicitó al ICBF informe detallado de contratación del PAE en La Guajira
Ante denuncias interpuestas por líderes de las comunidades indígenas
Ante diferentes denuncias interpuestas por autoridades de las comunidades wayuu, la Procuraduría General de la Nación solicitó al ICBF, Regional La Guajira un reporte detallado sobre la contratación de los programas de alimentación que benefician a los niños, niñas y adolescentes de esta población.
La Procuraduría explicó que dichas acciones se deben a las quejas que vienen impartiendo líderes de esta etnia, quienes manifiestan presuntos hechos de corrupción en la forma en que se está llevando la contratación directa para la modalidad propia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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El Ministerio Público pidió especificar datos tales como la fundación, operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio e información de representación legal y a su vez, exigió conocer nombres y datos de los contratistas que realizarán el transporte escolar y entregarán la canasta parcial para los beneficiarios del programa.
En este sentido, se inició un estricto seguimiento al presupuesto que ejecutó el ICBF con diferentes entidades, quienes prestan los servicios de atención a la nutrición y a la primera infancia, por medio de la modalidad familiar, con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de infantes de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil, CDI del Instituto.
Es de mencionar que el ente de control solicitó a los funcionarios públicos informar si existe alguna institución, colegio o sede etnoeducativa sin concertar operador para los servicios antes mencionados y también, si el distrito de Riohacha, para el inicio del calendario escolar, garantizará la prestación del servicio de alimentación y transporte escolar.
Finalmente, recordaron la importancia de dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada y al acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a esta etnia indígena asentada en la Península.
Fuente
Sistema Integrado
