9 Nov 2021
08:35 AM
Por irregularidades en $8 mil millones imputan cargos a exalcalde y secretaria de Manaure
Más de 2 mil familias indígenas no recibieron la atención para la que se dispuso el recurso.
El exalcalde de Manaure Davis Díaz Riviera y su secretaria de salud, Angélica Manotas Moscote, se encuentran en graves líos jurídicos al ser imputados por la Fiscalía General de la Nación por un contrato destinado a la protección de los niños que terminó en un detrimento patrimonial superior a los 2.800 millones de pesos, a través de una lista de inconsistencias, de acuerdo a lo determinado por el director contra la corrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón.
El caso se remonta hace siete años atrás con el inicio en el 2015 del Fenómeno del Niño que llevó a la Administración a declarar la calamidad pública en el municipio y según la Fiscalía sería el inicio de una trama de corrupción que afectó de manera directa a la población infante de la región, ante la entrega de un millonario contrato por parte del entonces alcalde Díaz Riviera, para evitar la mortalidad infantil, lo que resultó en un sinnúmero de irregularidades que ahora la Fiscalía resumió en imputación de cargos.
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El contrato fue adjudicado por 8.000 millones de pesos a la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a más de 2.000 familias indígenas. Lo desconcertante es que según la investigación, la mayoría de la población nunca recibió la atención en salud por la que el Estado entregó el recurso.
El millonario contrato consistía en la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo para cinco meses y que debía hacerse en el idioma Wayuunaiki. Según el ente investigativo ninguna de estas condiciones fueron cumplidas por lo que se procedió con la judicialización por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
Es de mencionar que entre los hallazgos de la Fiscalía se determinó que la contratista IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato, por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas como la compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos y como agravante, la IPS tampoco tenía autorización de la misma Alcaldía que la contrató para ejercer actividades en zonas rurales, de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos, según lo explica la investigación.
Fuente
Sistema Integrado de Información.
