Centro Penitenciario Rodrigo de Bastidas.
18 Mar 2025
08:44 AM
Procuraduría abrió cargos a exasesor jurídico de la cárcel por liberación irregular de un recluso en Santa Marta
Mediante la presentación de documentos se dejó en libertad de un interno que respondía ante la justicia por tráfico de estupefacientes.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Javier Redondo Herrera, exasesor jurídico del establecimiento de reclusión Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, por su presunta responsabilidad en la falsificación de documentos oficiales que permitieron la liberación irregular de Farid Andrés Zúñiga Ramos el pasado 13 de diciembre de 2023. Zúñiga Ramos se encontraba privado de la libertad por el delito de tráfico de estupefacientes.
Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, Redondo Herrera habría entregado al director del penal y al comandante de guardia una carpeta jurídica con documentación que no correspondía a la verdad, lo que llevó a la emisión de la orden de libertad del recluso. La orden se ejecutó esa misma noche sin que se realizaran mayores verificaciones.
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Días después de la fuga, el equipo directivo del penal consultó con el Juzgado de Ejecución de Penas y con la Policía sobre la autenticidad de los documentos, constatando que estos nunca fueron emitidos por dichas entidades. La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría determinó, mediante pruebas técnicas, que los documentos en cuestión jamás fueron enviados desde el correo electrónico oficial destinado para estos trámites, como lo habría asegurado el funcionario investigado.
La Procuraduría calificó provisionalmente la falta imputada como gravísima a título de dolo, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias severas contra Redondo Herrera.
En respuesta a estos señalamientos, el exasesor jurídico había emitido un comunicado en el que rechazó las acusaciones en su contra, calificándolas de "injuria y calumnia". Asimismo, negó las versiones que indicaban que la liberación de Zúñiga Ramos se habría realizado mediante el pago de una suma de $15 millones como se había señalado al descubrirse el caso.
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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existen otros implicados en este caso que ha generado preocupación sobre los controles de seguridad y verificación documental dentro del sistema penitenciario.
