Consejo de Estado revisará la decisión de la Procuraduría de inhabilitar William Dau por nueve años

El Consejo de Estado ha decidido tomar cartas en el asunto en relación con las sanciones disciplinarias que pesan sobre el exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt. Esta acción implica que el Consejo de Estado realizará una revisión automática de dichas sanciones. 

De acuerdo con el Consejo de Estado, el objetivo principal de esta revisión es asegurar que se respeten tanto el debido proceso como los derechos fundamentales del exalcalde.  

Es importante aclarar que la revisión la realizarán únicamente en lo relacionado con el exalcalde Dau, y no respecto de Álvaro José Fortich Rebollo, quien continúa involucrado en, al parecer, irregularidades en la celebración de los contratos de compra de pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19 en Cartagena, durante la pandemia.  

Por lo anterior, el Consejo de Estado requirió a la Procuraduría General de la Nación, a través de su Secretaría General, que allegue el expediente disciplinario en un plazo de cinco días. Una vez realizadas las notificaciones, darán traslado por 30 días a William Dau para que ejerza su derecho de defensa.  

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Posteriormente, se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación y a William Jorge Dau Chamatt para que presenten argumentos adicionales en un plazo de cinco días. 

“Agotado el término establecido en el ordinal cuarto, CORRER traslado a la Procuraduría General de la Nación y al señor William Jorge Dau Chamatt, para que, si a bien lo tiene, en el término máximo de cinco (5) días presente los argumentos que considere pertinentes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238F de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021”, se lee en el documento. 

Sobre la inhabilidad 

En julio de 2024, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado al alcalde William Jorge Dau Chamatt y al exdirector del Dadis, Álvaro José Fortich Rebollo, por su papel en serias irregularidades durante la adquisición de diez mil pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 en 2020.

La medida disciplinaria, que incluye una inhabilitación general para ejercer funciones públicas durante nueve años, se basa en hallazgos contundentes de la Procuraduría. Según la investigación, los funcionarios permitieron la contratación con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., que no contaba con la capacidad ni las autorizaciones del Invima para suministrar los kits de diagnóstico requeridos. Además, los precios ofrecidos por esta empresa superaban significativamente a los de otros proveedores acreditados.

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La falta de idoneidad del contratista desvirtuó la razón de la contratación de emergencia, que era la necesidad urgente de diagnósticos precisos para combatir la pandemia de COVID-19. La Procuraduría subrayó que estas acciones comprometieron la respuesta efectiva ante la crisis de salud pública.

Según lo establecido, la decisión puede ser apelada ante la Sala de Servidores de Elección Popular. No obstante, la sanción entrará en vigor una vez que sea firme, lo que indica que Dau Chamatt y Fortich Rebollo deberán dejar sus funciones de manera inmediata, marcando un precedente en la administración pública local.