Procuraduría pone bajo la lupa posibles irregularidades en obras de la Ruta Vía al Mar

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria por presuntas anomalías en la ejecución de las obras de la Ruta Vía al Mar. La investigación está dirigida a los entonces representantes legales de la Concesión Ruta al Mar S.A.S Corumar S.A.S, Gustavo Adolfo Gómez González, y de la interventoría Consorcio CR Concesiones, Jaime Rojas López.

Ahora bien, la investigación se centra en el contrato de concesión IP Antioquia – Bolívar. El Ministerio Público alega un retraso en las obras y presumen el uso de materiales de mala calidad. Adicionalmente, reportan fisuras longitudinales en algunos tramos de la calzada, daño en los dos carriles, afectación al tránsito y a la seguridad vial.

Por lo anterior, el ente de control cuestionó la conducta de Rojas López, indicando falta de seguimiento, vigilancia y control a las obras. Igualmente, mencionan una posible permisividad en el uso de insumos deficientes.

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La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) información sobre el avance de ejecución físico y presupuestal.

Asimismo, pidieron evidencias sobre medidas adoptadas, multas o trámites de incumplimiento adelantados contra la empresa contratista concesionada. Esto último fundamentado en la solicitud de posibles incumplimientos de la obra.

Otras noticias sobre la Vía al Mar 

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reveló en Cartagena, el censo predial que comenzó a regir desde el 30 de octubre a los propietarios de la Vía al Mar. Estos iniciaron a abonar el impuesto de valorización relacionado con el proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad.

El exdirector de Invías, Juan Montenegro, explicó que de los 248,656 predios en el área de influencia del proyecto, el 40% quedó exento de este cobro.

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Las exenciones se deben a diversas razones, como la falta de capacidad de pago, por lo que las personas que pertenecen al Sisbén A y B, y clasifican en los estratos 1, 2 y 3 aplican. También excluyen propiedades como iglesias y bienes patrimoniales, conforme a las disposiciones legales.

“Es importante identificar que hay dos categorías que no forman parte de la contribución: los exentos y los excluidos”, afirmó Montenegro en su momento.