Indignación en la Sierra Nevada de Santa Marta por el asesinato de joven indígena Arhuaco

En una contundente y emotiva carta, los Mamos y las autoridades tradicionales de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con diversas organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientales, se pronunciaron enérgicamente contra el asesinato de Wilfrido Segundo Izquierdo, miembro del pueblo Arhuaco y estudiante destacado de la universidad del Magdalena. Izquierdo fue ultimado en el barrio Ciudad Equidad, en un acto de violencia que ha generado profundo dolor y rechazo entre las comunidades indígenas y la sociedad en general.

Le puede interesar: Joven de 16 años muere al caer de un tercer piso en hotel de Santa Marta

Las organizaciones no solo lamentaron la pérdida de un joven con un futuro prometedor, quien estaba a punto de culminar su carrera universitaria de ingeniería civil, sino que también expresaron que este crimen constituye un atentado directo contra los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas. En el escrito, se destaca que este asesinato es una violación flagrante de los principios de justicia, paz y derechos humanos consagrados tanto en la Constitución Política de Colombia como en los tratados internacionales ratificados por el país.

También le puede interesar: En video: Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada amenazaron a comerciantes en Magdalena

Wilfrido Segundo Izquierdo, era pionero en la Asociación de Estudiantes Indígenas de su universidad, lo que resalta aún más la gravedad de su pérdida para la comunidad académica y para su pueblo. En respuesta al crimen, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, hizo un llamado a las autoridades competentes para que "a la mayor brevedad entreguen resultados sobre el homicidio del joven".

Asimismo, las comunidades indígenas que suscribieron la carta citaron la Resolución 300 del 1 de agosto de 2024, en la cual el presidente Gustavo Petro autorizó espacios de diálogo con grupos armados que operan en la costa Caribe. En este contexto, los firmantes del documento de rechazo al crimen hicieron un llamado urgente al gobierno para que estas conversaciones no descuiden la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y rurales de la región.

Este trágico hecho ha avivado el debate sobre la seguridad y la protección de las comunidades indígenas en Colombia, que siguen enfrentando amenazas a su vida y a sus derechos en medio de un conflicto que parece no tener fin.