Distrito de Santa Marta atiende tercer desplazamiento masivo en lo que va corrido del 2024

El pasado 13 de noviembre, 38 familias provenientes del municipio de Puebloviejo llegaron a Santa Marta en busca de refugio tras verse obligadas a abandonar sus tierras ante el temor de ser víctimas de hechos violentos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales.

Este hecho se convirtió en el tercer desplazamiento masivo que durante lo corrido del presente año le ha correspondido atender a la Alcaldía de Santa Marta a través de la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto, tras los sucesos registrados el pasado 6 de mayo, cuando 23 familias provenientes de Aracataca arribaron a la ciudad en condición de desplazados, así como los 28 hogares del sur de Bolívar que también buscaron refugio en esta capital el 25 de agosto del presente año.

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Jennifer Del Toro, alta consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta indicó que en estos casos la administración distrital ha brindado asistencia inmediata en modalidad de alojamiento, traslado urgente, alimentación, orientación jurídica y psicológica, a las víctimas de estos tres desplazamientos masivos.

“La respuesta inmediata por parte de la entidad territorial ha permitido que se garantice el derecho la dignidad humana de las personas afectadas por el conflicto armado”, indicó la alta consejera.

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Luego de una reunión de evaluación del más reciente desplazamiento de Puebloviejo, la Alta Consejería para la Paz, las entidades que conforman el Ministerio Público y la Unidad de Atención para las Víctimas, surgió una recomendación para que en el futuro mejoren las acciones complementarias y la articulación por parte de la Gobernación del Magdalena, para que se eviten situaciones que obstruyan la función pública en la atención de las víctimas.

Sin embargo, existe preocupación por el riesgo de victimización en el departamento del Magdalena, por lo que se solicitó a la Defensoría del Pueblo evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas que advierten amenazas para los derechos humanos derivadas de la presencia y disputa de actores al margen de la ley.